El portavoz municipal del Foro Ciudadano de Jerez, Pedro Pacheco, ha denunciado esta mañana en rueda de prensa “el gato encerrado” y las “tremendas ilegalidades”, que está estudiando poner en conocimiento de la Justicia, que esconde la privatización de Aguas de Jerez a manos del gobierno local del PP tras el fracaso de los dos primeros concursos públicos que quedaron desiertos. Toda vez que en el BOE del pasado 5 de diciembre se publicó la aprobación del segundo expediente de contratación para la concesión de la gestión del servicio de abastecimiento de agua, tratamiento y depuración, Pacheco ha vuelto a cuestionar el proceso argumentando que lo que han hecho con el nuevo pliego “no tiene nombre” y “desde el FORO seguimos sin entender por qué se hace esta operación de privatización si la gestión técnica de Ajemsa es ejemplar y ya se ha eliminado el principal problema, que era el déficit de la basura al subir brutal e innecesariamente las tasas de recogida de basura. Ya Ajemsa no tiene ningún problema financiero”.
En este sentido, ha alertado de que el nuevo pliego “ya recoge la posibilidad de que las tarifas suban, independientemente de la actualización del IPC, cuando crezca el precio del agua o cuando se impongan cargas tributarias por las administraciones”. Esto significa en la práctica que se impone para Jerez la ola privatizadora del PP en los ayuntamientos de Andalucía y el resto de España que está suponiendo que los recibos del agua, entre otros, crezcan a una media del 40%.
“Aquí no va a venir ninguna ONG, sino una empresa a hacer negocio”, ha insistido el líder de Foro Ciudadano. A lo que ha añadido: “Si hay empresas privadas interesadas es porque ganan dinero con este negocio. Un beneficio que repercute en la tasa que cobran a los ciudadanos o reduciendo los costes con un empeoramiento de la calidad del servicio”. Aquí, ha mantenido, “si suben las tasas y no reducen costos, porque hay un compromiso de mantener el empleo en Ajemsa, querrá decir que las tarifas son superiores a los costos por lo que será ilegal”. “Se trata de una operación estrictamente financiera para dotar de liquidez hoy a las arcas municipales perdiendo e hipotecando los ingresos de futuro”, ha agregado.
Al hilo de lo anterior, Pacheco ha negado conocer a qué destinará el PP el dinero pero ha asegurado que “debe ser para inversiones productivas porque la venta de patrimonio municipal no debe ir a pagar nóminas”. Pero como ha explicado el portavoz del FORO, a partir de un informe técnico elaborado por esta organización política, el nuevo pliego aún recoge aspectos “más sospechosos”. “Se impone una condición que antes no existía: a la empresa que se presente se le exige como aval de capacidad técnica haber tenido en los últimos 3 años un contrato de las mismas características en una población de al menos 100.000 habitantes. Esto implica una tremenda y sospechosa incongruencia con respecto a los anteriores pliegos porque si un concurso queda desierto, no parece lógico volverlo a sacar con más restricciones que antes, lo que implica una limitación a la concurrencia y por tanto limita la posibilidad de que se presenten empresas”. “Una de dos –ha sostenido Pacheco-, o han perdido el juicio, que nunca lo han tenido, o esto huele a cosa “pactada” con alguna de esas empresas con las que el portavoz del PP “ha estado hablando”, como él mismo ha dicho en rueda de prensa”. En todo caso, ha resumido, “todos sabemos que estos privilegiados pactos son a cambio de algo, pero aún no sabemos de qué”.
Asimismo, ha proseguido, el nuevo pliego también incluye otro matiz “preocupante”. Y es que se abre “la posibilidad de presentación de oferta ilegal”. “Se incluye la posibilidad de que se presenten empresas bajo el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión. Y es sorprendente porque los mismos pliegos citan que esto es de conformidad con el artículo 57.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Si vamos al texto de ese artículo, dice lo siguiente: quienes concurran individual o conjuntamente con otros a la licitación de una concesión de obras públicas, podrán hacerlo con el compromiso de constituir una sociedad que será la titular de la concesión. La constitución y, en su caso, la forma de la sociedad deberán ajustarse a lo que establezca, para determinados tipos de concesiones, la correspondiente legislación específica. Es decir esa posibilidad es para la concesión de obras públicas, cuando este contrato es de concesión de gestión de servicio público”. “Nuevamente nos encontramos ante algo tremendamente sospechoso, en este caso no por incongruente e ilógico (como lo de los 100.000 habitantes) sino ahora por lo ilegal de incluir algo previsto para otro tipo de contratos”, ha comentado ante la prensa.
Por todo ello, ha sintetizado Pedro Pacheco, “vamos a investigar qué empresas hay en España que en los últimos tres años hayan tenido una concesión del agua de un municipio de más de 100.000 habitantes, pues seguro que no son muchas ya que municipios de este volumen de población sólo hay 63 y no todos tienen privatizado el agua”. “Con esa información y antes de que acabe el plazo de presentación de ofertas (el 14 de enero), avanzaremos qué empresa es la que va a ganar el concurso y, con seguridad, haciendo uso de un compromiso de constituir una sociedad. Estas dos novedades de los pliegos, una ilógica y la otra ilegal, sólo explican su inclusión si forman parte de un “pacto secreto” con alguna empresa”, ha afirmado el portavoz de esta organización política, quien ha asegurado que toda la tramitación de la privatización de Ajemsa es “clave” porque “tiene todo el Ayuntamiento bloqueado, por ejemplo, a la hora de aprobar los Presupuestos para 2013 o cumplir con el Plan de Ajuste del PP”.
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