El Ayuntamiento ha aprovechado el puente de la Constitución y la Purísima, cuando la atención de los sevillanos no estaba centrada precisamente en las decisiones emanadas de la Casa Grande, para presentar a una distraída opinión pública los Presupuestos de la ciudad para 2013, calificados en clave de “economía de guerra”.
Efectivamente, las grandes cifras de las cuentas municipales se resumen en una caída de los ingresos en 129 millones de euros en comparación con los de este ejercicio a punto de expirar y también en una reducción de los gastos en 96 millones, con lo cual apenas queda margen de maniobra para las inversiones públicas. Este capítulo se reduce a tan sólo 17,8 millones de euros, que se asignarán a arreglos de calles (9 millones), mantenimiento de colegios (4 millones), cuidado de parques y jardines (3 millones), una comisaría de la Policía (1,5 millones) y el parque infantil de tráfico (0,4 millones), entre las partidas más significativas.
El gobierno municipal se ha mostrado sensible a la situación de emergencia social que sufre la ciudad, ya con más de 91.000 parados, y ha dotado con 7 millones un plan para paliar los efectos de la crisis, dinero que se destinará a Cáritas (3 millones), subvenciones directas (2,3 millones), Banco de Alimentos y comedores sociales (un millón) y menores de edad (medio millón). A este dinero hay que añadirle un millón más para el bonobús solidario, a fin de que no ocurra como durante este año, cuando la partida existente se había agotado a la vuelta del verano.
No obstante, y a falta de un examen más detallado de los Presupuestos una vez que se pueda contar con el desglose de las partidas, llaman la atención aspectos como los siguientes:
1) El incremento en 11 millones de euros de la recaudación por, fundamentalmente, impuestos y tasas a los sevillanos pese a la actual situación de crisis económica y una vez eliminada la habitual ficción de consignar ingresos por la nonata venta de la Gavidia y de los bajos del mercado del Arenal, que se venía haciendo desde los tiempos de Monteseirín.
2) El capítulo de gastos de personal sigue subiendo en la práctica, hasta los 283,3 millones de euros, pese a las aparentes políticas de austeridad y de recortes del gasto público anunciadas por Zoido conforme a las directrices del Gobierno central.
3) La falta de dotaciones para el Plan extraordinario de Empleo que el alcalde anunció antes del verano ( teníamos entonces 86.759 parados) para la ‘rentrée’ de septiembre (se registraban ya 88.819) y del que se sigue sin tener noticia a la fecha (ya vamos por los 91.627) y parece que tampoco lo vamos a tener para el nuevo ejercicio.
4) Una partida de 5 millones para ‘reestructuración de servicios públicos’, expresión ambigua tras la que se esconde la liquidación de sociedades municipales como Sevilla Global pero también la reactivación, en una especie de ‘operación acordeón’ societaria, de Giralda Televisión mediante la adjudicación de su gestión y/o de la programación, por concurso público redactado de la forma en que suelen redactarse este tipo de concursos, a una productora privada a cambio de entre 1,5 y 1,8 millones de euros que saldrían de este fondo global de 5 millones. Recuérdese cómo cuando se hallaba en la oposición el PP preconizaba la desaparición de esta emisora municipal de TV, por considerar que era el aparato de propaganda de Monteseirín y que carecía de sentido su existencia por competir con las emisoras privadas. Ahora el discurso ha cambiado por el de que se trata de garantizar “un servicio público de calidad” y de que costará diez veces menos a los contribuyentes, por más que en el espectro haya más de cien canales de televisión.
Pago de deudas
A excepción de las partidas para personal y gasto corriente en estos Presupuestos de transición por el desierto de la crisis económica, el gran pellizco se lo llevan los gastos destinados al pago de la deuda viva municipal (529 millones de euros), al que se reservan 64 millones de euros en números redondos, y al de los intereses (23 millones) del préstamo suscrito de 59 millones para el pago de las 3.000 facturas pendientes de abono desde hacía años a los proveedores.
Como se recordará, el Ayuntamiento se adhirió al Real Decreto Ley 4/2012 sobre medidas de financiación para que las Administraciones Locales saldaran sus deudas con los proveedores, pero a cambio de someterse a estrictas medidas de austeridad y contención del gasto público, una decisión muy criticada por el PSOE por estimar que buena parte de los 59 millones del crédito han engrosado las cuentas de unas pocas grandes empresas, con las que se podría haber negociado bilateralmente mejores condiciones de pago sin necesidad de haber asumido mayores sacrificios económicos; la delegada de Hacienda, Asunción Fley, ha defendido por su parte esta política de sacrificios añadidos con el fin de saldar cuanto antes las deudas y de insuflar oxígeno a la economía local.
Carta a los jubilados
En este escenario macroeconómico de caída de los ingresos en 129 millones de euros, recorte drástico de inversiones y proclamada austeridad por la falta de dinero, al tiempo que la delegada de Hacienda presentaba las grandes cifras de las cuentas municipales sin descender en demasía a los detalles, el Ayuntamiento notificaba a 200 de los 700 jubilados del Consistorio que va a dejarles de abonar la denominada ‘paga extraordinaria de antigüedad’, que han venido cobrando hasta ahora.
El gobierno local se ampara en el Real Decreto de Medidas para garantizar la Estabilidad Presupuestaria y de Fomento de la Competitividad y que, según su interpretación, prohíbe que se pague premio extraordinario alguno a efectos positivos en aquellos supuestos en que se produzca concurrencia en la percepción de pensiones públicas cuando los beneficiarios superen los topes establecidos en la ley de Presupuestos Generales del Estado.
Sin embargo, ni el Gobierno ni el Ayuntamiento han tenido en cuenta que esta paga extraordinaria se ha nutrido de los descuentos de hasta un 8,5% en sus nóminas que los antiguos empleados municipales soportaron a lo largo de su vida activa con vistas a recuperar ese dinero como una especie de seguro o depósito cuando les llegara la edad de la jubilación. Para colmo, los 200 pensionistas afectados tendrán que abonar las tasas judiciales impuestas por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, si se plantean pleitear contra el gobierno municipal y el Estado por lo que aquellos consideran “un robo” de sus pensiones.
Paga extra encubierta
Y mientras Zoido les dice a los jubilados del Ayuntamiento que no hay dinero para mantener esta paga extraordinaria, a la que habían contribuido a lo largo de su vida laboral, el mismo alcalde ha tratado de colar por la gatera el abono de una paga extra de Navidad, por una cuantía de 600.000 euros, para los 1.073 policías locales, a razón de 559 euros por cabeza.
Cierto es que desde 2010 los agentes se consideran agraviados porque como consecuencia de la reclasificación que se les aplicó deberían percibir salarios acordes a la categoría C1 y, en realidad, están cobrando como si pertenecieran al grupo C2, pero también, como en tres ocasiones (la última, el pasado viernes) le ha recordado la Intervención General al alcalde, el archicitado Real Decreto ley de Medidas de Estabilidad Presupuestaria impediría adoptar medidas de este tipo en el actual escenario macroeconómico.
Zoido se puso en evidencia a sí mismo cuando admitió que el objetivo de esta paga a la Policía era cumplir el compromiso de subirle el sueldo, al que había llegado con sus representantes durante las protestas del pasado mes de abril, por lo que luego, cuando trató de rectificar al percatarse de que vulneraría las disposiciones del Gobierno, intentó camuflar el abono del dinero diciendo que se trataba del pago de horas extraordinarias por la sobrecarga del trabajo policial en la persecución de los gorrillas y la botellona.
Espadas, el portavoz municipal del PSOE, ha subrayado la falacia del argumento de las horas extra porque al repartirse el dinero entre todos los policías por igual, hayan o no realizado horas extraordinarias, se trata en el fondo de una paga lineal en concepto, en todo caso, de productividad y que sólo se ha contemplado para la Policía y no para el resto de los funcionarios y empleados municipales.
Trato desigual
El anuncio del alcalde ha suscitado de inmediato un sentimiento de agravio comparativo en toda la plantilla del Consistorio, que reclama el mismo trato por parte del alcalde. En este sentido, el sindicato CSI-CSIF ha puesto de manifiesto que si la Policía Local sufre un déficit enorme de agentes, lo mismo sucede en servicios como los de limpieza o las bibliotecas, a los que hasta ahora Zoido se ha negado a pagar horas extraordinarias o productividades.
Así pues, en un Ayuntamiento sin dinero según para qué, Zoido se saca de la manga 600.000 euros en una paga extra y camuflada para los policías mientras se la quita a los jubilados y se la niega al resto de la plantilla del Ayuntamiento. El factor diferencial que maneja el alcalde para tratar de mantener contentos a los 1.073 agentes en comparación con el resto de empleados municipales, es que, número aparte, mientras los jubilados, las limpiadoras y los bibliotecarios no pueden poner multas, los agentes son vitales para el objetivo del Ayuntamiento de seguir recaudando para el año próximo al menos otros 25 millones de euros en sanciones de tráfico y de todo tipo para que así no se le descuadre el Presupuesto.
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