Chaves presidió en Sevilla la firma del acuerdo, suscrito por la Delegación del Gobierno, la FAMP y 21 organizaciones y colectivos vinculados al agua: la CEA, Faeca, UGT y CCOO, Endesa, la Asociación de Abastecimientos, las de regantes (Feragua, Areda, La Laguna y de Huelva y Almería), agrarias como ASAJA, COAG y UPA, de consumidores (Al Andalus, Facua y UCA), vecinales como la CAVA, la Plataforma del Guadalquivir, el Comité de Agricultura Ecológica y Fundación CENTA, aunque Ecologistas en Acción no lo rubricó al estar en desacuerdo con algunos de sus apartados.
En el acto, donde estuvieron el vicepresidente Gaspar Zarrías, la consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, y el delegado del Gobierno en Andalucía, Juan José López Garzón, entre otros, el presidente agradeció a estas entidades su "buen trabajo" durante 9 meses para consensuar un documento que espera que sea "un éxito".
Valoró, igual que Castillo, que han participado más de cien representantes de las organizaciones del Consejo Andaluz del Agua y un millar de 80 más en su fase provincial, por lo que "es un acuerdo para todos los andaluces, que recoge todos los aspectos sustanciales para abordar de forma integral la gestión del agua en Andalucía".
Subrayó que tendrá un "efecto positivo" en la actividad económica y el empleo, sobre todo en el mundo rural y "en momentos en los que estamos muy necesitados de inversión productiva", merced al "considerable volumen de inversiones en obras de modernización de regadíos, saneamiento, depuración o conducciones" previstas.
A su juicio, supondrán una "modernización de hondo calado" que afecta a un recurso vital, y ha dicho que en la actual situación de crisis, "de la que saldremos", hay que "trabajar todos para que cuando entremos en otro ciclo de crecimiento, Andalucía pueda aprovechar a fondo todas las oportunidades, y por eso son necesarias reformas estructurales" como las que representa el Acuerdo del Agua.
Para Chaves, es "un importante paso adelante" con el que, junto a la Ley de Aguas que tramitará este año el Parlamento, culminará el proceso iniciado en 2005 "para asumir y gestionar las competencias plenas de todas las aguas que transcurren por nuestra Comunidad".
Así, añadió, también se da cumplimiento al Estatuto y se impulsa "el desarrollo de una política de aguas propia, una aspiración histórica de Andalucía", y ha recordado que "en sólo cuatro años", con la "voluntad de consenso de todos", la Junta ha pasado a asumir todos los recursos "estando, pues, en condiciones de mejorar y modernizar" su gestión y "prestar un servicio de calidad".
Dijo que, como expresó en su investidura, este Acuerdo nace con el objetivo de que "el Agua quede al margen de la confrontación política y en su gestión prime siempre el interés general sobre los particulares, que han de ser atendidos en la medida de lo posible".
Fija el horizonte de 2015 para modernizar todos los regadíos y prevé un plan de medidas para mejorar, adecuar y completar el parque de infraestructuras necesarias para garantizar la calidad de las aguas, con un "papel muy activo" de los entes supramunicipales.
El presidente apuntó además, entre otros "grandes retos" que están "a nuestro alcance", el de aumentar la eficacia, modernizar y hacer más cercana la Administración hidráulica, "fomentando la participación ciudadana y garantizar la igualdad de trato".
Estas metas requerirán, como recoge el acuerdo, "definir un nuevo régimen económico-financiero del agua sobre los principios de generalidad, equidad, calidad en el servicio, incentivación de la eficiencia, responsabilidad medioambiental y transparencia" junto al de recuperación de costes, asimilado por la Directiva Marco de Agua.
Con ello, según Chaves, persiguen una política de tarificación y de precios "más eficiente", que contemple "la generalización de la facturación por consumo y la implantación de tarifas que incentiven el ahorro y penalicen el mal uso".
El documento propone crear un Banco Público de Agua, que atenderá las demandas prioritarias de interés general y, primero, las medioambientales y las que se deriven de situaciones de sequía; así como el Observatorio Andaluz del Agua, pionero en España y que tendrá su sede en Málaga, para evaluar el estado de los servicios y definir criterios claros y transparentes para establecer las tarifas, y con facultades para elaborar reglamentos y directrices que faciliten la intervención de la Administración.
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