La consellera de Enseñanza de la Generalitat, Irene Rigau, ha abandonado la tarde de este martes la Conferencia Sectorial de Educación a mitad de reunión por considerar inadmisible el trato al catalán en el anteproyecto de Ley para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), y ha exigido al ministro de Educación, José Ignacio Wert, "respeto" por el modelo catalán.
En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, la consellera ha explicado que el ministro le ha hecho entrega de otro texto en el que propone que el catalán cuente a la hora de pasar las pruebas de final de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, aunque sigue sin mantener su rango actual de materia troncal.
"El texto que se nos envío ayer supone una novedad muy preocupante que cambia radicalmente el modelo educativo", ha criticado la consellera, para quien el patrimonio lingüístico y pedagógico de más de 30 años no se puede modificar en una disposición final.
La consellera, que ha anunciado que la Generalitat responderá legalmente a esta reforma, ha considerado que, pese a la modificación, el documento sigue siendo "muy perjudicial".
Ha lamentado que se sigue dando al catalán el "trato de lengua vernácula, la lengua de los súbditos, los esclavos y lengua de segunda", rompiendo unos derechos que acaban con los principios de no separar a los niños por esta razón, ha añadido.
En declaraciones a los medios, Rigau ha alegado que el borrador presentado por el Ministerio de Educación "no se ha discutido con nadie" y vulnera el Estatut en relación con la Ley de Educación de Catalunya (LEC).
Antes de entrar en el encuentro, Rigau ha afirmado que "por supuesto" impugnarán el proyecto de reforma si se mantiene en los términos actuales, y que contempla novedades sobre la enseñanza en castellano en detrimento del catalán.
La consejera ya criticó este lunes en rueda de prensa en Catalunya que el Gobierno tumbaba en su reforma la inmersión lingüística al relegar la lengua catalana a materia "de especialidad" --en vez de troncal--, y al establecer la proporcionalidad del castellano y el catalán en las escuelas públicas.
Igualmente, criticó la intención del Gobierno de que las administraciones paguen la enseñanza en castellano en centros privados de las familias que lo pidan, cuando no exista una "proporción razonable" de las dos lenguas. A su juicio, esta es la "mayor ofensiva" contra el catalán desde 1978.
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