El todavía Defensor de la Ciudadanía, Francisco Reinoso, considera que la decisión del Gobierno local de cambiar su oficina por una comisión de quejas y sugerencias es consecuencia directa del posicionamiento adoptado durante el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) del Ayuntamiento, que supuso el despido de tres de los cuatro empleados del servicio ubicado en el palacio de Villapanés.
Reinoso entiende que ese pronunciamiento público “ha sido fundamental” a la hora de adoptar esta determinación, que el Gobierno local justifica en la aplicación de la Ley de Grandes Ciudades. De hecho, el Defensor de la Ciudadanía mantuvo recientemente un encuentro con representantes de los grupos municipales para trasladarles su intención de dimitir ante el Pleno que le eligió, exponer sus argumentos y ofrecer la memoria anual de una oficina abocada a la desaparición.
“No estaba de acuerdo en que me quitaran tres trabajadores de cuatro, y por eso pensaba dimitir. Pedí que habilitaran un Pleno para presentar mi dimisión y ahora sacan adelante un reglamento (el de Participación Ciudadana) que incluye un punto al que ni siquiera se han podido presentar alegaciones”, explica Reinoso.
Además, el propio Defensor advierte de que el texto aprobado puede ser objeto de impugnación, por cuanto choca con lo dispuesto en el artículo 124 del Reglamento Orgánico Municipal (ROM), que advierte de que el Defensor debe ser elegido por los dos tercios del Pleno.
El nuevo Reglamento de Participación Ciudadana -aprobado el viernes- contempla que las funciones de defensa de los intereses de los ciudadanos la asuma la comisión de sugerencias y reclamaciones, que como tal debe presidir el alcalde e integrada por concejales. La alcaldesa, María José García-Pelayo, aseguró en el Pleno que su intención era que el propio Defensor presidiera esa comisión, sin embargo es “jurídicamente imposible”.
Testificará en contra del ERE municipal
Francisco Reinoso acudirá como testigo al juicio del ERE que -tal y como adelantó este medio el 20 de noviembre-, se celebrará en el TSJA el próximo 23 de enero. Reinoso tiene claro que en los despidos pesaron “criterios políticos”, sobre todo en lo que afecta al personal despedido que trabajaba en su oficina. “En el caso de mis tres trabajadores, no se puede decir que no había eficiencia ni eran polivalentes, porque hacían de todo, hasta regar las macetas. ¿Qué más polivalencia quieren?”, se pregunta. El nombramiento de Reinoso como Defensor de la Ciudadanía se hizo público en el BOP, un boletín en el que ahora espera leer su cese.
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