El PP-A vuelve a señalar al expresidente y presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente, en las alegaciones que ha registrado este martes en el Parlamento de Andalucía al dictamen de la ponencia síntesis elaborada por la presidencia de la comisión de investigación constituida en la Cámara autonómica sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) entre 2001 y 2010.
Por ello, y como ya hiciera en sus conclusiones iniciales, pide la dimisión de ambos políticos en las responsabilidades públicas que ostenten en la actualidad, así como la de otros 15 excargos de la Junta de Andalucía, entre los que se encuentran los actuales consejeros de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila.
Las otras dimisiones que exige al considerar "probado" que, entre 2001 y 2010, la Consejería en materia de Empleo y su ente instrumental IFA tuvo una "participación activa en la consesión y gestión de las ayudas públicas otorgadas de espaldas a la ley y de forma escandalosamente arbitraria y fraudulenta" son las de los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio; los exviceconsejeros de Empleo Agustín Barberá y Justo Mañas; los exdirectores de la Dirección General de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez y Daniel Rivera; el exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas; los exconsejeros de Innovación Francisco Vallejo y Martín Soler; la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez y el exconsejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías.
Sobre Griñán y Chaves, el PP-A destaca que también está "probado que la Presidencia de la Junta de Andalucía conoció y amparó por conveniencia política" la concesión de estas ayudas sociolaborales y señala como "especialmente culposa" su posición durante las comparecencias en la comisión de investigación de este caso en el Parlamento, "pues han pretendido dar apariencia de legalidad a lo que no tenía, intentando confundir a los andaluces, citando normativa legal que no era aplicable al régimen de las subvenciones y afirmando que desconocían determinados hechos cuando realmente los conocían".
A Griñán, además, el PP-A también reprocha que, cuando se hizo público el caso, "dijera desconocer la naturaleza de los hechos que, a todas luces, tuvieron que resultarle conocidos, dada la materia en cuestión que él mismo impulsó siendo ministro de Trabajo y por los reiterados informes de auditoría que la Intervención General le dirigió", añade acerca de la orden que en 1995 el Gobierno de Felipe González aprobó para regular las ayudas a trabajadores afectados por procesos de restructuración de empresas.
"El señor Griñán tuvo que ser consciente desde el principio del caso que las ayudas que concedía el Gobierno Andaluz no se ajustaron a norma alguna", recalca el PP-A en sus alegaciones. En este sentido, y al hilo de las hasta 15 advertencias que remitió la Intervención General a las Consejerías de Empleo, Innovación, Ciencia y Empresa y Economía y Hacienda, el PP-A cree "inverosímil que ningún responsable público se sintiera concernido".
Ante ello, los 'populares' señalan que es "sencillamente inverosímil y políticamente cobarde" que se les intente convencer de que "todo nació y se consumó en una Dirección General" como la de Trabajo y menos, tal y como apunta el PSOE-A, restringida a la época de Francisco Javier Guerrero como responsable de la misma. Sobre todo, ejemplifican, porque "la inclusión de los denominados intrusos en las pólizas de prejubilaciones era responsabilidad directa de los altos cargos del Gobierno andaluz, pues estos eran los únicos competentes y con poder para alterar los listados".
OTROS "HECHOS PROBADOS"
En las alegaciones del PP-A --un documento de 82 páginas-- se desgranan los otros muchos hechos que esta formación consideran "probados" tras el análisis de las comparecencias que tuvieron lugar los meses pasados en el Parlamento.
Entre ellos destacan los de que "esto no era cosa de tres o cuatro golfos", que desde el Ejecutivo "se ideó, se toleró y se tapó una forma de proceder claramente ilegal para perpetuarse en el poder" y de la que se beneficiaron "los propios miembros del Gobierno Andaluz, amigos y familiares afines al Gobierno y al Partido Socialista, empresarios próximos al poder, despachos de abogados, mediadores, compañías de seguros, comisionistas, quienes recibieron cuantiosas subvenciones y comisiones concedidas sin norma y sin control".
Sobre esta última conclusión, el PP-A apunta que "de ninguna manera se pueden aceptar los argumentos esgrimidos por los señores Viera, Fernández, Zarrías y Chaves de justificar las ayudas en el sentido de compensar y apoyar a zonas desfavorecidas de Andalucía y, menos aún, el equilibrio territorial en el reparto de las mismas", ya que, a juicio de los 'populares', el "único criterio era el amiguismo, la falta de publicidad, la arbitrariedad, el fraude, la actuación abusiva, conductas que se convierten en la piedra angular del mecanismo de concesión de estas ayudas".
Más hechos "probados" para el PP-A son que el Gobierno Andaluz "obvió la normativa nacional y autonómica sobre ayudas públicas que estaba en vigor y optó por un instrumento de concesión de dinero público que burlaba los más elementales principios del Estado de Derecho", que "las ayudas concedidas, además de ilegales, son nulas de pleno derecho", que todo este sistema se ha articulado en lo que se ha venido en denominar "la administración paralela" y que las ayudas a empresas no solo no siguieron "los criterios de apoyo a zonas deprimidas y equilibrio territorial" sino que, además, "no sirvieron ni para el mantenimiento ni para la creación de empleo, pues muchas de las entidades creadas no tenían otro fin que el del cobro de las subvenciones públicas".
REPROCHES A LA CÁMARA DE CUENTAS
El PP-A también propone en sus alegaciones incluir un reproche a la actitud demostrada por la Cámara de Cuentas al no "proporcionar a la Comisión de Investigación el expediente completo de la auditoría realizada al programa 31L, como se le ha solicitado reiteradamente".
"Es crucial conocer la totalidad de las actuaciones del Órgano Fiscalizador andaluz, con todas sus etapas (borrador, anteproyecto, informe provisional e informe definitivo), porque es improcedente que la Comisión cierre sus conclusiones sin el análisis pormenorizado de todo el material que conforma el expediente completo del trabajo auditor", argumenta al respecto.
Además, los 'populares' consideran "del todo reprochable" la actuación del Presidente de la Cámara de Cuentas porque "parece concebida más desde la dependencia política que desde el respeto a la independencia y profesionalidad de los técnicos de tan importante institución". "Él es el máximo responsable del deliberado retraso en la emisión del Informe, de la ocultación y de la transformación política del trabajo realizado por los técnicos. Se deberá dilucidar si su actitud negligente es objeto de responsabilidad ante la Comisión Parlamentaria", concluye.
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