En este sentido, el portavoz socialista Juan Carlos Ruiz Boix explicó que “se inicia el proceso una vez haber acudido a la vía judicial. El equipo de Gobierno está trabajando para resolver este problema, pero hay que respetar la legalidad. Se está trabajando también para que las personas que han ocupados las viviendas puedan optar a una vivienda digna y tendremos que idear una propuesta”.
Por su parte, la concejal de Educación, Regina Cuenca, añadió que “hemos realizado contactos con la delegación provincial y estamos a la espera de una reunión para que se garantice la seguridad en el centro. Nos comprometimos a instalar una valla y se instalará próximamente, así como proteger la entrada y salida del centro de personas ajenas al mismo. Los ocupantes tendrán que competir en igualdad de condiciones que el resto de ciudadanos para una vivienda”.
Por su parte, el Partido Popular recriminó al equipo de Gobierno no haber llevado a Pleno antes este punto. “Hubo una dejación, debería haberse estado pendiente y evitar nuevas ocupaciones ilegales. Llevamos dos meses y medio de retraso”. A estas afirmaciones, el alcalde José Vázquez respondió señalando que “el retraso puede ser cierto pero solo nos ajustamos a la Ley, si pudiéramos dar solución inmediata, lo haríamos, pero no podemos saltarnos la legislación vigente. Esto no es una dejación”.
En lo que respecta al Partido Independiente del Valle del Guadiaro, criticó que “el equipo de Gobierno ha llegado a compromisos con la comunidad educativa que no se están cumpliendo”.
Por último, el Partido Andalucista considera que “se ha hecho todo lo que la Ley ha permitido. Haberlo traído antes a Pleno no hubiese adelantado la situación, es el Contencioso el que lo tiene que decir. No obstante, habrá vigilantes en el centro”.
Unanimidad
Otro punto del orden del día fue la modificación de la ordenanza fiscal de la tasa de licencia de apertura, aprobada también por unanimidad; al igual que ocurrió con la aprobación del calendario fiscal del ejercicio 2009 y con la solicitud de subvenciones en materia de empleo. Asimismo, el Pleno aprobó la designación de la concejal Herminia Moncayo como consejera de Cajasol, a pesar del voto en contra del PP y la abstención del PIVG y el PA.
Otro de los puntos del orden del día más debatidos fue la aprobación de la propuesta de modificación del contrato de concesiones administrativas de servicios públicos con las empresas Aymasa-Corsán Corvián y Fomento de Construcciones y Contrata, al objeto de indemnizar a ambas por un desequilibrio económico tras la revisión del convenio colectivo.
En el caso de la primera, del servicio de recogida de basura, se aportará 156.000 euros; y en a la segunda, de la limpieza de colegios, se le dará 104.000 euros. Este punto fue aprobado por PSOE, USR y PA al considerar que “se trata de beneficiar a los trabajadores de ambas empresas”, por su parte, PP y PIVG criticaron la aprobación al entender que “sólo se beneficia a las empresas”.
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