Es de suponer que la Junta de Andalucía habrá estudiado minuciosamente la decisión de establecer un nuevo impuesto para las grandes superficies y que no obedezca sólo a un arrebato ideológico de Izquierda Unida de cara a una galería que no está viendo con buenos ojos otras acciones u omisiones de la formación de izquierdas ante decisiones de sus socios mayoritarios de Gobierno.
Y es de suponer que ese estudio se habrá centrado, más que en el hecho en sí de aplicar el impuesto a las grandes superficies, cuyas consecuencias también llegarán, a la forma en que ese dinero recaudado va a repercutir sobre el pequeño comercio para que los millones de euros cumplan efectivamente con la misión de potenciar al minorista frente a las grandes empresas nacionales e internacionales ante las que se encuentran en inferioridad de condiciones. Algo lógico, por otra parte, desde el punto de vista del capitalismo globalizador, aunque algunos han demostrado que no tiene por qué ser así si lo que se ofrece al cliente no se encuentra en los grandes mercados.
No sería la primera vez que medidas de ese tipo, con un fuerte contenido político además del puramente económico e, incluso, el meramente recaudador, sólo sirven para tapar agujeros de dinero que se van en otras políticas mal atinadas o cuyas necesidades superan lo presupuesto para llevarlas a cabo, antes que para cumplir el objetivo para el que fueron diseñadas.
Ahí está, en esa palabra última, el quid de la cuestión. En si la medida se trata de una ocurrencia, de una necesidad económica no necesariamente destinada a lo que se dice, o bien ha sido “diseñada” con los pequeños y medianos comerciantes, previa audiencia a las necesidades y conocimientos de estos.
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