La ponencia "de síntesis" elaborada por el presidente de la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta, Ignacio García (IULV-CA), a partir de las "aportaciones coincidentes" de los tres grupos de la Cámara en sus propuestas de dictamen sitúa la "responsabilidad política de primer nivel o máxima magnitud" en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, en línea con las conclusiones de IULV-CA.
Así figura en el texto de 128 folios registrado esta tarde por el propio García, consultado por Europa Press, y al que los grupos podrán plantear enmiendas o modificaciones hasta el próximo martes día 20 antes de que la comisión de investigación se reúna para aprobar el dictamen 48 horas después, el jueves 22.
Cabe recordar que el PP-A pide en su propuesta la dimisión, como "principales responsables políticos", del expresidente y presidente del Gobierno andaluz, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, respectivamente; de la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo; del consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, y de otros doce excargos de la Junta entre 2011 y 2010 y considera "inaceptable" que el PSOE sólo eche la "culpa" al exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero e intente "minimizar" los hechos.
Por su parte, IULV-CA sitúa en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández el máximo nivel de responsabilidad política en el caso al considerarles "muñidores del convenio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) --actual agencia IDEA-- y autores intelectuales del perverso diseño administrativo y presupuestario que dio lugar a la falta de controles".
Frente a ello, el PSOE-A atribuye en sus conclusiones a la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta la responsabilidad del caso, ya que era el órgano con la "atribución exclusiva para la concesión de las ayudas", y subraya que el uso "indebido" del procedimiento de concesión de ayudas se produjo entre los años 2001 a 2008, con Francisco Javier Guerrero al frente, que recientemente ha salido de prisión.
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