La Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de Cádiz, de la Diputación de Cádiz, y la Asociación de Disminuidos Psíquicos Virgen del Carmen, de Barbate, firmaron en la tarde de ayer un convenio de colaboración, por el que se cede en arrendamiento a la asociación tres viviendas que la empresa ha promovido en Vejer de la Frontera, para este colectivo.
La duración de dicha cesión se hace por un plazo de 10 años, aunque se prevé la prorroga por acuerdo de las partes, según informa la Diputación en una nota. El consejero delegado de la Empresa Provincial de Vivienda y Suelo de la Diputación de Cádiz, Antonio Saldaña, y el alcalde de Vejer, José Ortiz, han estado presente en el acto en el que se han entregado las llaves de las viviendas al presidente de la asociación, Juan Antonio Castillo Bermúdez.
El convenio firmado permite un derecho de opción de compra a ejercitar durante esos 10 años de duración del arrendamiento. Se trata de tres viviendas en planta baja, con una superficie útil de unos 69 metros cuadrados cada una, con garajes y trasteros vinculados.
Las viviendas forman parte de la promoción de 73 pisos promovidas por la Empresa Provincia de Vivienda y Suelo, que tienen una calificación definitiva de régimen general en venta.
A este acuerdo se ha llegado tras conocer la Asociación de Disminuidos Psíquicos la existencia de viviendas vacantes en esta promoción, y solicitar la puesta a su disposición de tres viviendas en alquiler, para ser destinadas a personas físicas de su colectivo, con carácter rotatorio, siendo el titular del contrato la propia asociación, ya que entre sus fines, figuran el apoyar a sus familias para mejorar las condiciones de vida de estas personas, el promover la integración y normalización en la actuación con las personas con discapacidad intelectual y el gestionar programas, servicios, centros y actividades dirigidos a atender las necesidades de las personas con discapacidad intelectual.
La legislación andaluza vigente permite este tipo de actuaciones sociales, por lo que la Empresa Provincial de Vivienda Y Suelo pidió autorización a la delegación de Vivienda de la Junta de Andalucía, que autorizó la operación el pasado mes de septiembre.
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