El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha anunciado que se reunirá con el sector del transporte, después de que la Asociación de Transportistas Onubenses (ATO), la Asociación General de Transporte y Autónomos (AGTA) y la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) le hayan remitido una carta para pedir protección y seguridad para los taxistas de fuera de la capital que operan en el aeropuerto, ante las “coacciones y agresiones” que afirman sufrir por parte de colegas de Sevilla.
Tras visitar San Jerónimo, Zoido ha explicado que, por el momento, no le ha llegado aún la carta, pero que se encuentra a la espera para reunirse con el sector para analizar lo sucedido. “Sé que ha existido un incidente, pero quiero que me amplíen la información”, añade.
Así, ha esperado tener toda la documentación completa de lo ocurrido para realizar una valoración más amplia y ha asegurado “en cuanto la reciba me reuniré con el sector para ver que ha sucedido”.
En la carta, recuerdan que los taxistas sevillanos “no deben ni pueden apropiarse para su uso y negocio exclusivo” de infraestructuras como el aeropuerto, que son “de interés general”, y señalan que el Decreto 11/85 “deja claro que es legal que cualquier taxista andaluz pueda usar esas infraestructuras para atender a sus clientes, dejar o recoger viajeros y siempre que antes de iniciar el viaje haya sido precontratado por su familia, por su empresa, o por cualquier operador turístico, hotel o agencia de viajes”.
Por ello, este colectivo reivindica su derecho a “trabajar libremente” en el aeropuerto sevillano, y rechaza las “numerosas coacciones verbales y no verbales”, e incluso “agresiones” que en forma de “zarandeos, pinchazos de ruedas, rotura de lunas y arañazos”, entre otras, afirman sufrir por parte de compañeros de profesión de la capital, que actúan “con prácticas de pandilla organizada”.
Se trata, precisan, de “un pequeño grupo de taxistas” que “no puede confundirse con una mayoría”, si bien ésta, “a veces con su silencio, cae en la complicidad por omisión y en el más puro gremialismo”. “Lo que viene sucediendo no son simples infracciones administrativas, se trata de coacciones y agresiones que caen en supuestos del ámbito del Código Penal”, insisten los taxistas.
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