El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, ha manifestado este jueves su respeto por la sentencia que declara a la sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Consistorio, como "única responsable" de la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) promovido en 2007 con la prejubilación de 40 trabajadores. Zoido, no obstante, defiende que la Junta de Andalucía "tiene un compromiso" con la financiación del procedimiento porque los documentos firmados al respecto por Francisco Javier Guerrero, antaño director general de Trabajo y Seguridad Social, corresponden a su "condición" de representante de la administración autonómica.
El Juzgado de lo Social número ocho, como se ha informado, ha dictado ya su sentencia por la demanda promovida por el grueso de los prejubilados del expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por la sociedad mixta Mercasevilla, ante la negativa de la Junta a financiar sus rentas. En su sentencia, emitida el 6 de noviembre y recogida por Europa Press, la citada instancia judicial resuelve que Mercasevilla es el "único responsable en el pago de las indemnizaciones reconocidas" y, a tal efecto, condena a la empresa a pagar diferentes cuantías en 21 de 33 casos. El Ayuntamiento, la sociedad estatal Mercasa, la Junta, la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), la división aseguradora del Banco Vitalicio --actualmente 'Generali'-- y la consultora 'Vitalia Vida' son absueltos en todos los casos.
El alcalde de Sevilla, en declaraciones a los medios de comunicación, ha manifestado su "respeto" hacia el fallo del juzgado, pero ha anunciado que los servicios jurídicos de Mercasevilla estudian actualmente la sentencia porque "creo que vamos a recurrirla". Y es que, como ha explicado el alcalde, entre Mercasevilla y la Consejería de Empleo mediaba para este ERE "un compromiso" de financiación "avalado por una documentación que firma Francisco Javier Guerrero como director general de Trabajo y Seguridad Social".
En ese sentido, si bien la sentencia considera "irrelevante el compromiso personal" formalizado por Guerrero en sus documentos al carecer de "todo trámite administrativo", el alcalde de Sevilla ha defendido que al firmar los documentos en cuestión, Francisco Javier Guerrero no actuaba a título "personal", sino desde su "condición" de director general de Trabajo y Seguridad Social y como "representante de la administración".
"RELACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES"
A través de estos documentos, según ha expuesto el alcalde, Francisco Javier Guerrero no materializaba unas "relaciones personales", sino "una relación entre administraciones", --en este caso entre la Consejería de Empleo y Mercasevilla--, por lo que "la Junta de Andalucía se tiene que sentir obligada a pagar" el ERE de 2007 de Mercasevilla, cuyo coste supera los nueve millones de euros. "No voy a consentir que los trabajadores de buena fe de Mercasevilla que se acogieron al ERE tengan un trato distinto al de tantos miles de trabajadores cuyas pólizas de seguro de rentas han sido respetadas por la Administración autonómica", ha señalado Juan Ignacio Zoido.
El expediente de regulación de empleo acordado en 2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por 40 empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus rentas quedaron en el aire en 2009 al desligarse la Consejería de Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción número seis por la anterior gestión de la sociedad mixta Mercasevilla y la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas y subvenciones arbitrarias promovidas con cargo a la a la partida presupuestaria 31L de los fondos autonómicos.
De cualquier modo, aunque entre 2007 y 2008 el por entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero, había firmado varios documentos mostrando la "conformidad" de su departamento en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de los trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el posterior director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera resolvió que estos actos fueron "meros actos de comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o convenio". El Gobierno andaluz, en ese sentido, defiende que sobre la Junta de Andalucía no pesan compromisos de financiación sobre estas prejubilaciones en cuestión.
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