El proceso tiene su origen en los primeros años de la década de los 90 cuando se encargó a Dytras la construcción de las depuradoras de Guadacorte y el casco urbano sin contar con consignación presupuestaria. Cuando Rojas accedió a la Alcaldía realizó un reconocimiento de la deuda que dio pie a la empresa a exigir el pago de un total de 3,6 millones de euros por los trabajos ejecutados.
Sin embargo, el Ayuntamiento no hizo efectiva esa cuantía en el plazo requerido, lo que provocó el comienzo del proceso judicial en el año 2000.
No obstante, Rojas cumplió finalmente con la deuda y las cantidades exigidas por la sentencia, conforme lo permitió la disponibilidad económica del Ayuntamiento. Por ello, en sesión plenaria se exigió la dimisión del alcalde tras la sentencia inicial, petición que este rechazó.
Asimismo, Rojas recordó en julio que “la elevada deuda a la que se hace mención en la resolución fue contraída con anterioridad a mi mandato y careciendo de la debida consignación presupuestaria”.
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