La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha afirmado, en relación a la imputación de 23 facultativos en una trama que cargaba fármacos de elevado coste, que "estas situaciones no pueden llevarnos a una generalización de farmacéuticos, médicos ni profesionales".
En declaraciones a Efe, Montero ha dicho que "hay que confiar en que la justicia trabaje y poner en valor que el conjunto de profesionales del sistema sanitario y la inmensa mayoría de los médicos tiene un trato escrupuloso, riguroso y estricto en la observancia de la legalidad".
La consejera ha destacado el trabajo del Servicio de Inspección de la delegación de Málaga que "de forma rutinaria desarrolla tareas de inspección en las oficinas de farmacia y en relación a la preinscripción de los médicos del sistema sanitario publico".
Montero ha asegurado que la Consejería ha mantenido "el sigilo y la confidencia de este tema hasta que pudieran desarrollarse las opciones policiales oportunas".
La actividad delictiva ha supuesto un fraude de medio millón de euros al Servicio Andaluz de Salud (SAS) y a Muface, ya que algunos de los fármacos que cargaban en las tarjetas tienen un valor superior a los 5.000 euros.
La operación, denominada "Apoteque", se inició a finales del pasado año en el núcleo de población de San Pedro de Alcántara, en Marbella y en Almargen (Málaga) tras detectarse que una farmacia dispensaba una elevada cantidad del fármaco Rubifén, muy superior a la media.
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