PP-A y PSOE-A han presentado sendas propuestas de resolución al informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre el sector público local andaluz 2008 en las que plantean la eliminación de aquellos organismos o sociedades de ayuntamientos que no tengan actividad.
Concretamente, el grupo popular plantea en sus propuestas de resolución, a las que ha tenido acceso Europa Press, que ayuntamientos y diputaciones adopten las medidas oportunas tendentes a la disolución de los organismos autónomos, mancomunidades, consorcios y sociedades mercantiles constituidos que, por cualquier circunstancia, "no se encuentran operativos en la consecución de los fines para los que fueron creados, evitando de esta forma una estructura administrativa innecesaria".
Por su parte, el grupo socialista recoge en su propuesta que el Parlamento recomiende a las corporaciones locales que adopten las medidas necesarias con el fin de que disuelvan los organismos autónomos o sociedades mercantiles de capital íntegramente propiedad de las entidades locales y que no rinden las cuentas por encontrarse sin actividad o sin presupuesto, ya que tienen una incidencia directa en las cuentas de las sociedades matrices.
De otro lado, los tres grupos parlamentarios, PP-A, PSOE-A e IULV-CA, coinciden en plantear en sus propuestas --que se someterán a votación ante el pleno del Parlamento-- que ayuntamientos y diputaciones aprueben sus presupuestos generales dentro del plazo establecido en la Ley reguladora de las haciendas locales, dada la importancia que tiene dicho documento en la planificación de la actividad pública local.
RENDICIÓN DE CUENTAS EN PLAZO
También coinciden a la hora de demandar que ayuntamientos y diputaciones rindan sus cuentas ante la Cámara de Cuentas en el plazo establecido en la ley, a través de la aplicación de rendición telemática, puesta en marcha desde el ejercicio 2004, con el fin de garantizar un adecuado control de las cuentas públicas y facilitar la transparencia de la gestión de los fondos públicos.
Entre las propuestas de resolución del PP-A, se encuentra una en la que se insta a ayuntamientos y diputaciones a adoptar en su sector público local las medidas necesarias que garanticen una situación de equilibrio de manera que los gastos no financieros no superen a los ingresos no financieros.
Asimismo, entiende que ayuntamientos y diputaciones deben consignar una estimación de los saldos deudores de dudosa cobrabilidad en el cálculo del remanente de tesorería, ya que el no dotar la provisión podría reflejar un remanente sobrevalorado y provocar, como consecuencia de la incorporación del remanente al presupuesto del ejercicio posterior, una financiación ficticia de gastos.
Respecto a las propuestas del grupo socialista, se incluye que el Parlamento recomiende a las diputaciones provinciales a intensificar su labor de asesoramiento a los pequeños municipios con el fin de que estos puedan aprobar y presentar sus cuentas en los plazos legales fijados.
Por su parte, Izquierda Unida plantea que ayuntamientos y diputaciones incrementen las provisiones anuales de aquellos derechos que pudieran considerarse de difícil o imposible recaudación por estimarse que las dotaciones anuales que vienen haciendo son insuficientes, "lo que provoca que aumenten paulatinamente los derechos pendientes de cobro de ejercicio en ejercicio".
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