Las sanciones que la Junta podría establecer a las entidades financieras por la venta de participaciones preferentes podrían alcanzar un máximo de 400.000 euros y un mínimo de 200 euros, según ha explicado este jueves en rueda de prensa la secretaria general de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, Dolores Muñoz, quien ha cifrado en 60.000 los afectados en Andalucía.
La responsable del departamento que dirige Diego Valderas, que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla, Francisco Javier Fernández, ha señalado que las sanciones establecidas por la Junta pueden ser leves (entre 200 y 5.000 euros); graves (entre 5.000 y 30.000 euros); y muy graves (entre 30.000 y 400.000 euros).
Tras recordar que la Junta va a incoar expedientes sancionadores contra un total de 19 entidades financieras que han cometido infracciones en la venta de participaciones preferentes, ha precisado que hasta el momento la Administración andaluza ha recibido entre 400 y 450 reclamaciones al respecto, 186 de ellas en Sevilla, la provincia andaluza que registra un mayor número.
INVITA A LOS AFECTADOS A PRESENTAR RECLAMACIONES
No obstante, ha apuntado que las personas afectadas por este asunto que aún no hayan presentado sus reclamaciones puede hacerlo. "Desde la Junta les invitamos a que lo hagan", ha señalado la secretaria general de Consumo, quien ha destacado que en las últimas semanas ha crecido el número de reclamaciones presentadas.
Muñoz ha afirmado que el 85 por ciento de las entidades con expedientes sancionadores pertenecen al grupo La Caixa, al tiempo que ha destacado que el departamento que dirige está colaborando con la Fiscalía Superior de Andalucía enviándole toda la información que recibe sobre este asunto para que se incorpore a las diligencias que ha iniciado el citado órgano.
Finalmente, ha indicado que el gabinete jurídico de la Junta está estudiando en estos momentos si se podrían iniciar acciones civiles contra dichas entidades, al objeto de que se cese la venta de estos productos a un público "no idóneo", se devuelva el dinero a los afectados o se declare nula la venta.
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