La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto nuevamente a dejar en libertad sin fianza al exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, en la cárcel de Sevilla-I desde el pasado mes de marzo por su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y a quien el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla rebajó recientemente de 250.000 a 150.000 euros la fianza para poder salir de prisión.
En este sentido, fuentes judiciales han informado a Europa Press de que el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, decidió recurrir en reforma el auto dictado --ante la baja por enfermedad de la magistrada Mercedes Alaya-- por el juez de refuerzo con el que cuenta el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Iván Escalera, quien rechazó su puesta en libertad sin fianza aunque acordó rebajársela a 150.000 euros.
Las fuentes han señalado que, en un escrito dirigido al Juzgado, la Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto al recurso de reforma elevado por el letrado de Francisco Javier Guerrero, por lo que ahora tendrá que decidir sobre el particular el juez de refuerzo, todo ello además después de que la Audiencia Provincial haya dejado en libertad sin fianza a su exchófer, quien abandonó este lunes la cárcel de Morón de la Frontera (Sevilla) donde se encontraba interno desde marzo.
Guerrero es, actualmente, el único imputado en el caso ERE que sigue en la cárcel, pues al caso de su exchófer hay que sumar el del exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández, quien abandonó el pasado mes de agosto la cárcel de Morón tras abonar una fianza de 450.000 euros.
EL AUTO DE LIBERTAD DEL EXCHÓFER
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial muestra su acuerdo por lo argumentado por el abogado del exchófer y señala que "cabe apreciar cierto agravio comparativo" entre la situación personal de Trujillo y la de otros imputados en la causa.
Así, y según las imputaciones realizadas por la juez, "empresas administradas por otros implicados habrían sido beneficiarias de ayudas directas y sociolaborales presuntamente ilícitas por cuantías similares o incluso superiores" a las recibidas por el exchófer, pero "sin que ello haya motivado su ingreso en prisión preventiva y sin perjuicio de la adopción de las medidas cautelares necesarias para garantizar la eventual reparación de los perjuicios económicos que hayan podido ocasionar sus respectivas conductas".
Añade que, casi siete meses después de su privación cautelar de libertad, "las circunstancias personales del imputado y procesales de la causa han variado sustancialmente", ya que, respecto a las primeras, "y pese al tiempo transcurrido desde su ingreso en prisión, sigue sin disponerse de información suficiente sobre el patrimonio" de Trujillo, que llegó a confesar, entre otras cosas, que gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en comprar cocaína.
FIANZA "INASEQUIBLE" PARA EL IMPUTADO
"En tales condiciones, y visto que cuatro meses después de ofrecerle la posibilidad de eludir la prisión mediante la prestación de fianza, Trujillo no ha podido depositar los 150.000 euros que le impuso este tribunal ni los 75.000 euros a que la juez instructora redujo después tal garantía", por lo que, según la Audiencia, "cabe presumir razonablemente que dichas cantidades resultan inasequibles para el imputado, vedándole la posibilidad de acceder a la libertad provisional".
En cuanto a las circunstancias procesales, señala que "tampoco puede ignorarse que Trujillo ya ha permanecido siete meses en prisión preventiva, sin que, por lo que a él respecta, se hayan practicado nuevas diligencias probatorias que representen un cambio sustantivo de su situación procesal, ni se observen visos de una pronta finalización de la instrucción", lo cual "adquiere una especial relevancia desde la perspectiva de la doctrina del Tribunal Constitucional".
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