La confirmación, mediante sentencia del Tribunal Supremo el pasado 12 de septiembre, de la nulidad del decreto 324/2009 que aprobaba los estatutos de la Agencia Tributaria de Andalucía, ha provocado una gran inquietud entre los especialistas en materia tributaria y económica, que consideran que existe la posibilidad de que se declaren nulos todos los actos realizados por esta agencia entre septiembre de 2009 y enero de 2012, fecha en la que se dotó a esta Agencia de otro estatuto que subsanaba los errores del primer decreto.
Los especialistas en gestión tributaria y económica están analizando la posible repercusión en las liquidaciones y actuaciones de comprobación tributaria realizadas por la Agencia Tributaria de Andalucía en materia de tributos propios y cedidos durante el periodo septiembre/2009 a enero/2012.
La cuestión no es baladí y hasta trae de cabeza a los propios abogados del Estado e incluso jueces, ya que si los estatutos que validaban la actuación de la Agencia Tributaria quedan anulados de pleno derecho por sentencia firme (el 12 de septiembre la publicó el Supremo), podrían ser también nulas todas las actuaciones realizadas por la Agencia en este periodo. “La pregunta que nos hacemos es si son nulos o no, si afecta o no si quitamos las reglas del juego”, explica en referencia a los estatutos de la Agencia el economista Juan Francisco Sánchez, del despacho RZS.
La señal de alarma la detectaron en mayo, cuando se conoció la sentencia aunque sin ser firme, y el problema no es tanto el dinero o no afectado (porque muchos de los procedimientos pueden anularse y reabrise) sino “la cantidad de procedimientos realizados y su repercusión”, explica Sánchez.
La nulidad de los estatutos de la Agencia abre la puerta a cualquier tipo de recursos en liquidaciones y actuaciones de la Agencia en materia de tributos propios y cedidos. Y son muchos, desde la propia gestión, recaudación e inspección habitual, a otros creados recientemente como el impuesto de las bolsas de plástico de un solo uso, todos los ecológicos o la famosa tasa a los bancos, que gravaba a las entidades bancarias según los depósitos de clientes.
El decreto 324/2009, que establecía el estatuto de la Agencia Tributaria, también creaba el de la Agencia del Agua, cuyos actos también se han visto anulados de igual forma tras devolver el Tribunal Constitucional las competencias de gestión del Guadalquivir a la Confederación Hidrográfica.
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