En su escrito de acusación, el fiscal imputa a los empleados un delito contra el tráfico aéreo, desobediencia grave y resistencia a la autoridad –alternativamente desórdenes públicos– y pide que se condene a 25 de ellos a penas de tres años de cárcel y de cuatro a los dos presuntos cabecillas, sindicalistas de UGT, que alentaron las movilizaciones.
Para otros 23 trabajadores de Iberia imputados por la invasión de las pistas, que afectó a más de 100.000 pasajeros y a 600 vuelos, el fiscal pide el archivo de la causa por considerar que su participación en la protesta no está “suficientemente justificada”.
El fiscal mantiene que con su actuación, que paralizó totalmente el tráfico aéreo, los procesados crearon “un grave riesgo para las aeronaves que trataban de acceder al aeropuerto o de despegar del mismo” y sembraron el “caos y el pánico” entre los pasajeros hasta motivar la intervención de los servicios de emergencias.
La invasión de las pistas del aeropuerto, que obligó a cerrar El Prat durante once horas, fue secundada el 28 de julio de 2006 por cerca de 400 trabajadores del servicio de tierra de Iberia que veían peligrar sus empleos porque la compañía aérea acababa de perder el concurso de handling.
Según la Fiscalía, la huelga salvaje se inició tras una asamblea que fue convocada por Omar M., en la época secretario general de política institucional de la Federación de Transportes de UGT, y José Luis G., miembro del comité de empresa y secretario general de la Federación de Transportes del mismo sindicato en la comarca del Baix Llobregat.
En las primeras horas, la huelga tuvo carácter pasivo: los empleados no recogían ni llevaban las maletas, con lo que colapsaron las cintas de facturación.
En la asamblea, los dos cabecillas sindicales “incitaron a los trabajadores a dar un paso más” en sus reivindicaciones mediante la ocupación de las pistas.
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