La Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Málaga ha detectado un incremento de asuntos que llegan a este área y a la vía penal, los cuales tienen su origen en los juzgados de lo Mercantil, donde se aprecian "conductas que han provocado un vaciamiento patrimonial intencionado", es decir, la descapitalización de la empresa.
Según se detalla en la memoria del ministerio público, estos casos llegan a la vía penal como consecuencia de la deducción de testimonio pedida por la propia Fiscalía o por los administradores concursales de la empresa al verse dichas actuaciones que habrían "avocado a la sociedad a una situación de impago generalizado a sus acreedores".
Fuentes de la Fiscalía han explicado que llegan cuando se ha visto en el proceso concursal que se sigue "que se ha producido una disposición presuntamente fraudulenta de los bienes o trasvase a otra sociedad, normalmente vinculada", tras lo que se ha instado el concurso. Han precisado que normalmente esa descapitalización no es inmediatamente previa al concurso.
Al respecto, han indicado que estos supuestos se dan tanto en los concursos instados por los acreedores como en los que insta la propia empresa y que se actúa sobre todo cuando se ve una intencionalidad en la actuación. Asimismo, han destacado, en declaraciones a Europa Press, el perjuicio que esto supone para los acreedores de la empresa, ante las dificultades de cobro.
ACUDIR A LA VÍA PENAL
Por otro lado, la Fiscalía en su memoria también vuelve a incidir, como ya hacía al año anterior, en que determinadas situaciones de conflicto entre los socios de empresas "se acude directamente al procedimiento penal, interponiendo denuncia o querella", con preferencia al Mercantil y "sin que se utilicen los distintos mecanismos" previstos en las correspondientes legislaciones.
Esto se da en especial en casos de negativa de lo administradores a proporcionar información a los socios, la anulación de determinados acuerdos sociales o los impedimentos para la celebración de juntas de socios, según se precisa en dicho documento, "casos en que es difícil de principio fijar el tipo ilícito y en que los denunciantes pretenden obtener la prueba para el pleito civil".
Asimismo, el ministerio público también señala en su memoria como "nota llamativa" que determinadas querellas o denuncias "vienen acompañadas de la solicitud al juzgado instructor de medidas cautelares urgentes", que van desde la suspensión de acuerdos "que se estiman delictivos", hasta la designación de administradores judiciales.
"La única explicación satisfactoria a esta nueva circunstancia no es otra que la situación de saturación en la que se encuentran los juzgados de lo Mercantil, que ante el incremento de litigios no están en condiciones de dar respuesta a los ciudadanos sobre los conflictos jurídicos que plantean, de ahí que muchos prefieran acudir al proceso penal como alternativa a la jurisdicción civil", se apunta.
DATOS EN GENERAL
La Fiscalía pone de manifiesto también la "especial carga de trabajo que pesa sobre la Sección de Delitos Económicos que ya se ponía de manifiesto el año anterior, con 340 asuntos en fase de instrucción en los distintos juzgados de la provincia" y señala que en 2011 tuvieron entrada 97 nuevos procedimientos, descontados los que llegan a la Fiscalía de Área de Marbella.
Así, se observa una "cierta estabilidad" en delitos contra la Hacienda Pública, delitos contra la Seguridad Social y fraudes de subvenciones; mientras que en los de insolvencia punible y delitos societarios "prosigue la tendencia ya destacada el pasado año, relativa al incremento de asuntos".
En cuanto a los delitos societarios, en 2011 entraron 29 nuevos asuntos, frente a los 32 del año anterior; mientras que por los delitos de insolvencia punible fueron 39 los procedimientos iniciados en sus distintas modalidades, por lo que ocupan el primer lugar.
En el apartado de delito fiscal, se iniciaron por la Sección 25 procedimientos, de los que 21 proceden de expedientes administrativos enviados por la Agencia Tributaria, "en su mayoría por delitos contra la Hacienda Pública, acompañados en algunos casos por falsedades documentales", indica la Fiscalía en su memoria de este área, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Se precisa que casi la totalidad de las diligencias de investigación penal iniciadas y finalizadas con querella o denuncia corresponden a defraudaciones en las cuotas del Impuesto sobre el Valor Añadido, Impuesto de Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes. De los 21, correspondieron 18 a los juzgados de la capital y de municipios de la Costa del Sol Occidental.
Se ha comprobado, dice la memoria, que en las defraudaciones por IVA y Sociedades, las sociedades mercantiles investigadas "en su gran mayoría" tienen un objeto social relacionado con la actividad inmobiliaria, bien porque se dediquen a la promoción o construcción de vivienda o porque tengan como única actividad la adquisición y venta de inmuebles".
Se añade que una práctica "muy extendida" es comprar viviendas a través de sociedades constituidas en paraísos fiscales que "a su vez creaban otras entidades en territorio nacional si bien la identidad del titular de la inversión, por regla general, quedaba oculta actuando como administradores letrados de despachos profesionales dedicados a la gestión".
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