Los jueces de Huelva han decidido este viernes adherirse a las protestas promovidas por los jueces decanos de toda España y las asociaciones de jueces y fiscales a través de la Comisión Interasociativa, que mostraron su rechazo a los recortes y las medidas impulsadas por el Gobierno de Mariano Rajoy. No obstante, esperarán hasta octubre, fecha en la que está previsto que se celebre una nueva junta sectorial.
Según han informado desde la Junta de Jueces de Huelva en un comunicado, al que ha tenido Europa Press, en la convocatoria celebrada este viernes han decidido no llevar a cabo medidas de presión hasta que tenga lugar en el mes de octubre las juntas sectoriales de cada orden jurisdiccional, que acordarán los criterios sobre la carga de trabajo de cada juzgado y se adoptarán auto medidas de regulación y con respecto a las horas de audiencia a los profesionales y ciudadanos.
De este modo, en esta junta se han ratificado los comunicados aprobados por todas las todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, así como han manifestado su rechazo al anteproyecto de reforma de la Ley orgánica del poder Judicial presentado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, por "no haberlo debatido y negociado con las Asociaciones Judiciales y Fiscales".
En cuanto al régimen de sustituciones y permisos de los miembros de la carrera judicial, aseguran que se opone a la prestación del servicio público de la justicia a los ciudadanos y ello con el único argumento de "reducir el gasto que supone el régimen de sustituciones por jueces sustitutos y sin que se recojan alternativas a dicha situación".
En esta misma línea, han solicitado la dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, por considerar que "no defiende" sus intereses en el conflicto abierto con el Ministerio de Justicia por "el recorte de derechos estatutarios de la carrera judicial".
Por ello, recuerdan que las medidas de la comisión interasociativa que apoyan son el cumplimiento estricto de las horas de audiencia fijadas por la Ley, la autorregulación al objeto de instar a la Comisión de Prevención de riesgos laborales para que proceda "de inmediato" a establecer la carga de trabajo que debe desarrollarse conforme a criterios de calidad y a las normas de salud e higiene, así como el establecimiento de un catálogo de enfermedades laborales.
Entre tanto, instan a la convocatoria de juntas de jueces sectoriales para establecer la carga de trabajo a la que ajustar su función.
Por otra parte, señalan que si los anteproyectos de reforma de la LOPJ no se paralizan, "ya que atentan a la independencia de los jueces y a la autonomía de los Fiscales y sigue sin abrirse una vía de negociación", seguirán adoptando medidas de presión concretas sin descartar paros parciales y huelga.
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