La junta de gobierno del Colegio de Abogados de Córdoba ha recordado este lunes, en relación con el procedimiento abierto contra José Bretón, al que el juez responsabiliza de la muerte de sus hijos y le imputa por ello la presunta comisión de sendos delitos de asesinato, que, en cualquier caso, Bretón tiene derecho a "un proceso público y justo, con todas las garantías".
A través de un comunicado, presentado bajo el título de 'Derecho de defensa', el Colegio de Abogados cordobés ha reaccionado así "en relación con determinados asuntos de especial relevancia mediática que, desgraciadamente, están acaeciendo en nuestra ciudad" y ante los que "la junta de gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Córdoba se ve en la necesidad de manifestar" que "todas las personas tienen derecho a la defensa y a la asistencia de letrado".
Además, dicha defensa, "mediante la aplicación de la ciencia y la técnica jurídica, debe tender a alcanzar la efectividad de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, entre los que se encuentran un proceso público y justo, con todas las garantías".
"Es por tanto rechazable --prosigue el comunicado-- cualquier circunstancia o injerencia que incida negativamente en el derecho de las partes a un proceso justo. Determinados juicios paralelos a los que estamos asistiendo, valoraciones carentes de todo rigor jurídico e incluso comparecencias públicas de responsables de investigaciones declaradas judicialmente secretas, entorpecen la debida administración de Justicia y el desarrollo del proceso con las obligadas garantías constitucionales".
SOBRE SÁNCHEZ DE PUERTA
En este contexto, el Colegio de Abogados, en referencia al abogado de Bretón, José María Sánchez de Puerta, ve "inadmisible y lamentable que determinado profesional de la Abogacía, que defiende intereses ajenos para el cumplimiento de la legalidad y garantiza el cumplimiento de los derechos de su cliente, se vea perturbado en su libertad e independencia".
Así, según recuerda el Colegio de Abogados, "se han podido ver imágenes en las que el indicado letrado, en cada ocasión que acude a dependencias judiciales para el cumplimiento de su trabajo, ha sido increpado e insultado, necesitando, incluso, protección policial".
Por todo ello, la Junta de Gobierno de este Colegio hace "un llamamiento, tanto a la opinión pública, como a la sociedad en general, para que se respete en todo momento la figura del abogado, quien en cumplimiento de sus obligaciones profesionales garantiza el inalienable derecho fundamental de defensa. Por muy execrable que sea el delito objeto de investigación y, en su caso, acusación, cualquier ciudadano tiene derecho a ser defendido con todas las garantías constitucional y legalmente reconocidas".
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