El pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido mantener la suspensión de la convocatoria de oposiciones realizada por la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía el pasado mes de febrero y en la que se ofertaban 2.389 plazas para cuerpos docentes de enseñanza no universitaria.
En un auto, fechado el pasado jueves, el Constitucional mantiene así la suspensión de la norma que decidió el pasado 22 de mayo al admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno contra la convocatoria andaluza.
El TC cumple así con el plazo "no superior a cinco meses" con el que contaba para ratificar o levantar la suspensión de la norma, desde la fecha de interposición del recurso por parte del Ejecutivo, que se formalizó el 23 de abril.
En el acuerdo adoptado en mayo, el TC decidía "admitir a trámite" el recurso y, con ello, la suspensión de la orden por la que se convocaban las oposiciones. Ahora, escuchada a la letrada de la Junta de Andalucía y al Abogado del Estado decide mantener la suspensión respaldando lo defendido por éste último en cuanto a que si se desarrollaran las pruebas selectivas para cubrir las plazas y los que las obtuviesen tuvieran acceso a ellas, los perjuicios que se causarían si finalmente la convocatoria fuera inconstitucional serían "notables" y de "difícil reparación".
Asimismo, el alto tribunal justifica su decisión de mantener la suspensión en que, de lo contrario, se "podría poner en peligro" la eficiencia del Real Decreto sobre recortes presupuestarios que se aprobó el 30 de diciembre para la corrección del déficit público y que entre otras medidas estipula la congelación de la oferta de empleo público, con ciertas modulaciones para el personal docente.
Así las cosas, el Constitucional atiende al argumento realizado por la Abogacía del Estado sobre que la convocatoria andaluza "desborda" las limitaciones fijadas por ese Decreto y supone un "obvio incremento del gasto público" y mantiene la suspensión basándose también en "la necesidad de preservar la contención del gasto público en el actual contexto económico y financiero de reducción del déficit público".
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