El Partido Popular ha pedido en el Parlamento andaluz que la Junta aclare "qué alto cargo" decidió que la asistencia letrada al exdirector general de Trabajo Daniel Alberto Rivera, imputado en el caso de las irregularidades detectadas en expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la administración autonómica, "se pague con cargo a fondos públicos".
Así lo solicitan los diputados autonómicos y representantes del PP-A en la comisión de investigación sobre el caso ERE Rafael Carmona y Teresa Ruiz-Sillero en una pregunta parlamentaria con ruego de respuesta por escrito que ya ha sido admitida a trámite por la Mesa de la Cámara, y a la que ha tenido acceso Europa Press.
En concreto, Carmona y Ruiz-Sillero desean conocer "cuáles son las razones que justifican que, con cargo a fondos públicos provenientes en parte de los impuestos que pagan los andaluces, se esté abonando la asistencia letrada del exdirector general de Trabajo de la Consejería con competencias en materia de Empleo que ejerció este alto cargo desde abril de 2010 a junio de 2012, imputado en el caso ERE".
Junto a ello, los diputados del PP-A quieren que la Junta desvele "qué alto cargo de la Administración de la Junta de Andalucía ha tomado la decisión de que la asistencia letrada de Daniel Rivera se pague con cargo a fondos públicos", así como que aclare "por qué el Gobierno andaluz está pagando la asistencia letrada de este exalto cargo y no la de otros exaltos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía, imputados igual que el anterior en el caso ERE".
Otra pregunta registrada por Ruiz-Sillero en relación con este asunto persigue que la Junta detalle "el importe pendiente de pago de ejercicios anteriores, así como el importe a pagar en futuros ejercicios, en virtud de los compromisos asumidos en el marco del programa de ayudas sociolaborales a expedientes de regulación de empleo con cargo al Programa Presupuestario Administración de las Relaciones Laborales (aplicación 31.L.), entre los ejercicios 2000-2010, con detalle de importes por cada entidad aseguradora acreedora y número de asegurados beneficiarios".
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