Los afectados en el incendio declarado hace dos semanas en Barranco Blanco, en Coín (Málaga), y que calcinó 8.225 hectáreas de seis municipios de la provincia, percibirán las ayudas aprobadas por el Ejecutivo central en cinco meses, desde la publicación del Real Decreto-ley 25/2012, de 7 de septiembre, en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este pasado sábado.
Así lo ha anunciado este martes en rueda de prensa el subdelegado del Gobierno en Málaga, Jorge Hernández Mollar, quien previamente ha mantenido una reunión técnica con el responsable provincial de la Junta de Andalucía, José Luis Ruiz Espejo; el presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, y los alcaldes de Marbella, Monda, Mijas, Ojén, Coín y Alhaurín de la Torre, localidades afectadas por el fuego, cuya causa se continúa investigando.
Hernández Mollar ha precisado que el plazo de presentación de solicitud de estas ayudas encaminadas a paliar los daños producidos por el incendio se amplía de uno a dos meses desde la publicación de este decreto, mientras que la resolución de los expedientes, que corresponde al Ministerio del Interior, se reduce de seis a tres meses. Por lo tanto, tendiendo en cuenta estos periodos, los beneficiarios podrían recibir las subvenciones en torno a febrero del próximo año.
Este decreto contempla desde ayudas específicas a otras de carácter compensatorio y paliativo para reparar los daños y recuperar las zonas afectadas, viéndose implicados los ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas, de Empleo y Seguridad Social, de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de Industria, Energía y Turismo.
Como ha explicado, serán las viviendas habituales las que se beneficiarán de estas ayudas, quedando fuera las segundas residencias, que cubrirán las pérdidas con el seguro. Por su parte, las casas consideradas irregulares o ilegales que acrediten el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) u otro de naturaleza análoga sí estarán dentro de este real decreto.
En relación con la cuantía, esta norma recoge subvenciones de hasta 15.120 euros en caso de destrucción total de viviendas, así como otras que cubren el 50 por ciento hasta 10.320 euros de daños estructurales en vivienda habitual; el 50 por ciento hasta 5.160 euros si se tratan de daños menos graves y ayudas de hasta 2.580 euros en caso de destrucción o daños en enseres que residen en la vivienda.
Asimismo contempla, entre otras, ayudas que cubren el 50 por ciento de los daños hasta 8.000 euros en comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal con póliza de seguro en vigor o 18.000 euros en caso de fallecimiento.
Se ha acordado, no obstante, que los ayuntamientos mantengan la fecha del 15 de septiembre para la primera evaluación de los daños, pues "hay que estimar los daños para poder habilitar los créditos que recojan las ayudas que aquí establece", ha precisado Ruiz Espejo.
BENEFICIOS FISCALES
Este decreto determina también la exención del IBI correspondiente al ejercicio 2012 a viviendas, establecimientos industriales, mercantiles y turístico o explotaciones agrarias y forestales que hayan sufrido daños, siempre que los bienes y enseres hayan tenido que ser realojados en otras viviendas o locales diferentes hasta la reparación de los daños, o los destrozos de cosechas, y que constituyan siniestro que no estén cubiertos por pólizas de aseguramiento pública o privada.
También incluye la reducción del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) a establecimientos industriales, mercantiles, turístico y profesionales cuyos locales hayan sido afectados, siempre que hayan tenido que ser objeto de realojo o los daños provoquen el cierre temporal de la actividad. En este caso, como en el anterior, podrán pedir la devolución de las cuotas abonadas a lo largo del ejercicio.
Prevé, además, la exención de tasas en la Jefatura de Tráfico por la baja de vehículos siniestrados o por la duplicidad de documentación necesaria al respecto; así como reducciones fiscales especiales para actividades agrarias tanto en el IRPF como el IVA. Por otro lado, las empresa y autónomos podrán pedir un año de moratoria sin interés para el pago de cotizaciones a la Seguridad Social siempre que justifiquen los daños.
En cuanto a los desempleados solicitados por administraciones públicas o entidades sin ánimo de lucro para llevar a cabo obras de reparación tras un incendio, el responsable del Gobierno central en Málaga ha querido dejar claro que "esto no es una novedad del decreto, sino simplemente aplicar algo que ya estaba previsto en la Ley General de la Seguridad Social desde el año 1995". Además, ha añadido, los parados pueden percibir un complemento salarial compatible con la prestación por desempleo.
Al respecto, el delegado del Gobierno autonómico en Málaga ha precisado que "esto no es una obligación, sino una posibilidad que establece el decreto", la cual la Junta de Andalucía "no ha estimado".
RESTAURACIÓN FORESTAL Y CORPORACIONES LOCALES
El delegado provincial del Gobierno andaluz ha incidido en que los trabajos de reforestación se podrían poner en marcha en el plazo de un año, subrayando, al respecto, que la acción ciudadana que se produjo desde que se declaró el incendio se va a canalizar para poder realizar luego las tareas de reforestación "de forma adecuada y con un seguimiento técnico".
El subdelegado del Gobierno central, por su parte, ha aclarado que la ejecución de las actuaciones previstas en el ámbito de la restauración forestal y ambiental por parte del Ejecutivo de la Nación están condicionadas a la financiación del 50 por ciento del coste por la Junta de Andalucía.
Sobre las ayudas por los daños causados en producciones agrarias y ganaderas, el decreto exige que estén en vigor las pólizas de seguro agrario y que las pérdidas sean superiores al 30 por ciento de su producción con arreglo a los criterios de la Unión Europea. En este caso, el Ministerio de Agricultura y la Junta de Andalucía tienen que acordar el procedimiento para las ayudas y la cuantía máxima que se va a aportar.
Para las subvenciones para los daños causados en infraestructuras, equipamientos, instalaciones y servicios de titularidad municipal existe el Fondo de Contingencia de Ejecución Presupuestaria, ha señalado Hernández Mollar, quien ha aclarado, también, que en el caso del incendio de la Costa del Sol "no entra en juego" el Consorcio de Compensación de Seguros.
DESTINO "LÍDER"
Por su parte, el presidente de la Diputación ha hecho hincapié en "la acreditada capacidad de la provincia para hacer frente a situaciones límites" como el incendio registrado en Málaga, así como en "la fortaleza que tiene nuestro destino, nuestro industria turística y la marca Costa del Sol".
"La Costa del Sol es un destino líder y lo va a seguir siendo porque es fruto del trabajo concienzudo durante muchísimos años de empresarios locales y también de todas las instituciones públicas", ha manifestado, añadiendo que el turismo es la industria de la confianza y creo que hemos demostrado cómo solventar de forma rápida un problema tan complicado como el incendio de Barranco Blanco".
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