En las últimas semanas se ha generado una importante polémica por el anteproyecto de Ley de Reforma de la Administración, fundamentalmente en lo que respecta a la redistribución de competencias entre las diferentes administraciones.
El objetivo planteado por el Gobierno central es claro, “una administración una competencia” y esto ha originado un debate, a mi juicio estéril, entre diferentes representantes públicos que moldean el mensaje en función de los intereses electorales y partidistas de cada uno de ellos. Parece que hay algunos que todavía no quieren reconocer que el sistema creado ha tomado tal dimensión que los ciudadanos no nos podemos permitir el lujo de que se mantenga como está.
Dicho esto ¿se ha centrado el debate en el centro del problema? Todavía no he escuchado a ningún ciudadano anónimo quejarse de la posible reforma de la administración, más bien todo lo contrario. Estamos en época de austeridad y ajustes en la administración, porque la economía de la calle ya lleva años soportando estos ajustes y no podemos olvidar que tel sistema se costea con el esfuerzo de todos. Y podemos plantearnos una segunda pregunta, ¿cuál es el objetivo de la reforma planteada? Algunos dirán, condicionados por estrategias más electorales que de solucionar problemas, que esto es una atentado contra las competencias de las administraciones y que esto va a mermar la autonomía local, provincial y o autonómica.
Pero ¿alguien, de los que se quejan, se ha centrado en analizar cuales son las posibles consecuencias para los vecinos? Parece que no. A nuestros vecinos, a los que nos debemos en el trabajo diario, no les importa en absoluto cual de las diferentes administraciones es la que debe prestar el servicio, realmente no es su problema, su principal preocupación es que el servicio sea prestado de forma eficaz y eficiente.
En resumen, que el servicio se preste con la mayor calidad posible y al menor coste posible. Porque eso afecta directamente a su calidad de vida y a su bolsillo. ¿No es cierto que si una misma competencia o servicio es prestada por diferentes administraciones corremos el riesgo de que se creen costosas estructuras administrativas, duplicadas o triplicadas, que consumen los recursos públicos sin ser eficientes? ¿No es verdad que la actuación de las diferentes administraciones en un mismo servicio obliga a que el presupuesto disponible se vea reducido en aquellas cosas que realmente importan y que se consuman en gastos generales con poco impacto en los vecinos? Por todo esto es necesario considerar que para analizar el verdadero calado de la reforma planteada nos debemos centrar en el impacto de estas medidas en lo que realmente importa. Debemos analizar estas medidas, no centrados en las administraciones sino centrados en los vecinos. Todo lo demás parece ser un debate miope o corto de miras.
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