La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha reiterado este jueves que la comunidad autónoma seguirá aplicando "exactamente el mismo" protocolo de asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes en situación irregular a partir de este sábado, a pesar de que en esa fecha entra en vigor el decreto ley de reforma del sistema sanitario aprobado por el Gobierno que excluye a esta población de la asistencia gratuita en el nivel primario.
De esta manera, y en el transcurso de una rueda de prensa celebrada en Sevilla para presentar los resultados de un estudio sobre el consumo de drogas en Andalucía, la consejera de Salud ha remarcado que la "noticia" a partir de este sábado en esta materia en esta comunidad autónoma es que "no habrá novedad", de forma que se mantendrá "la protección universal de la salud para el conjunto de los ciudadanos, sean de la procedencia que sean", y también para los enfermos crónicos.
Por ello, Montero ha explicado que en Andalucía se seguirán expidiendo a aquellos inmigrantes 'sin papeles' que lo soliciten el documento de asistencia temporal que desde los últimos tiempos la comunidad viene emitiendo para este colectivo, que "seguirán teniendo vigencia" y que permiten registrar a estas personas en el Sistema de Salud para tener la posibilidad de realizar un "seguimiento" de su paso por el mismo. En concreto, la consejera ha cifrado en "aproximadamente 46.000" el número de inmigrantes que en el año 2011 contaban con dicho documento.
La titular andaluza de Salud ha esgrimido "no sólo razones de humanidad" para justificar este compromiso de la Junta, ya que ha alertado del riesgo que podría acarrear para "la salud pública" excluir a un colectivo del derecho de asistencia primaria, ya que "la enfermedad no entiende de fronteras".
Además, ha apelado incluso a motivos "económicos" para defender su posición, al recordar que "la complicación o el agravamiento de un problema de salud, aparte de un drama para quien lo sufre, conlleva un incremento a niveles muy altos del coste económico" de su tratamiento.
Al hilo de ello, ha recordado la "baja frecuencia" con la que los inmigrantes irregulares acuden a las consultas de atención primaria en Andalucía --"no llega al 0,6 por ciento"--, algo que se explica, según ha apuntado, tanto por la "falta de cultura asistencial" de este colectivo como por el "miedo" derivado de su situación irregular, que les hace temer "ser denunciados o que se les cobre" por acudir a esas consultas.
Esto se traduce en que el "coste global" que acarrea la asistencia sanitaria al colectivo de inmigrantes se sitúe en Andalucía "en torno al 0,6 por ciento del presupuesto total de la atención primaria, excluido el gasto en medicamentos", según las estimaciones de Montero.
DESCARTA UN 'EFECTO LLAMADA'
Del mismo modo, la consejera andaluza de Salud ha descartado que esta actitud de la Junta pueda provocar en Andalucía un "efecto llamada" de inmigrantes en situación irregular que acudirían a la comunidad para seguir recibiendo asistencia sanitaria gratuita, tanto porque, ha reiterado, "el porcentaje de personas que acude a consultas de asistencia primaria es muy bajo", como porque "el principal motivo de asentamiento de esta población está relacionado con las oportunidades de trabajo".
Por último, Montero se ha mostrado convencida de los profesionales sanitarios andaluces van a seguir comportándose "exactamente igual" que como lo venían realizando hasta la entrada en vigor del real decreto, ya que este colectivo, en su opinión, "entiende que su quehacer pasa por atender problemas de salud sin tener en cuenta cuestiones como la procedencia o el sexo de los pacientes". "El sistema sanitario está para proteger el derecho a la salud de todos los ciudadanos", ha concluido.
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