En rueda de prensa, el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció que la posición de los representantes de su partido en la reunión del Consejo de Concertación Local de Andalucía, que acoge a miembros de la Junta y de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), iba a ser la de rechazar dicho anteproyecto de ley, aunque finalmente se abstuvieron.
El PP esperará a que el texto sea aprobado por el Consejo de Gobierno y que sea remitido al Parlamento, y que la norma pueda ser modificada respecto a como está, antes de plantearse cualquier otra medida de carácter legal que se pudiera adoptar, según Sanz.
"El señor Chaves propone y luego sus promesas quedan en entredicho", apuntó el secretario general del PP andaluz, quien acusó al presidente de la Junta de que, al final traslada a los ayuntamientos los compromisos que su Gobierno ha adquirido, sin que reciban financiación adicional ni tener competencias para ello.
Recordó que las competencias jurídicas en materia de planeamiento y en el desarrollo de las viviendas están en poder de la Junta, y que en la normativa que prepara el Gobierno andaluz se recoge también el derecho de los ciudadanos a los que no se les garantice la vivienda a recurrir a los tribunales.
No obstante, el dirigente del PP denunció que lo que pretende la Junta es "derivar" esta posible responsabilidad a los ayuntamientos, una actitud "descarada" por parte de la Junta "ya que Chaves es el que hace la promesa, la incumple, se lo deriva a los ayuntamientos, que son los que reciben el posible recurso de los ciudadanos".
Sanz señaló que la Ley del Derecho a la Vivienda no es más que "otro incumplimiento" del presidente de la Junta porque anunció que iba a entrar en vigor en 2008 y aún no ha sido ni siquiera aprobada por el Consejo de Gobierno, y también por que no garantizará el derecho a la vivienda a todos los ciudadanos.
Según el dirigente popular, la futura normativa "destapa" la "farsa electoral" del presidente de la Junta a los andaluces, ya que no van contar con viviendas los andaluces "que ganen menos de 3.000 euros tal y como anunció a bombo y platillo", por lo que se trata de una "nueva fullería" por parte de los socialistas.
De la misma forma, la futura normativa no soluciona el problema de la vivienda porque, a juicio del dirigente del PP, el Gobierno andaluz no asume sus propios compromisos, puesto que actualmente hay un incumplimiento del 77% de los compromisos adquiridos en el Pacto Andaluz por la Vivienda.
Recordó que actualmente sólo se están construyendo 7.000 viviendas anuales en la comunidad andaluza cuando el compromiso del presidente de la Junta era de una media de 30.000 viviendas anuales, al tiempo que hay 300.000 familias en Andalucía que reclaman una vivienda de protección oficial.
Toscano destaca el consenso entre los municipios
Por su parte, el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, destacó el "consenso generalizado" de los municipios andaluces en torno al anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda, que recibió el visto bueno del Consejo Andaluz de Concertación Local y donde "se aclaran aspectos como la financiación de los registros de demandantes y de los planes municipales de vivienda, que corren por cuenta de la Junta de Andalucía".
En declaraciones a Europa Press, Toscano resaltó la buena acogida del texto "que se muestra como un texto consensuado" y que en el seno de dicho consejo contó con la "felicitación" del portavoz de IU, el alcalde de Puerto Real (Cádiz), José Antonio Barroso, el apoyo a este anteproyecto de ley del PSOE y PA y la abstención del PP "que ha estado justificada porque el alcalde de Bornos (Cádiz), Fernando García, que acudió el consejo en sustitución de los titulares en dicho órgano, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la primera edil de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, desconocía el contenido del texto a debate".
Toscano consideró que dichas ausencias vienen motivadas por los problemas de agenda que suelen tener los alcaldes de municipios grandes, que en este caso les hizo delegar en el representante de un municipio de menor tamaño.
Tras este consejo, presidido por la consejera de Gobernación, Clara Aguilera, y donde estuvo presidente el titular de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, en el nuevo texto "se consolida la autonomía de los ayuntamientos y refuerza nuestras competencias en materia de vivienda", a juicio de Toscano, al plantear, por ejemplo, que los municipios puedan participar en las áreas de rehabilitación.
Asimismo, resaltó el hecho de que en la reunión de ayer "se deja claro lo relativo a la financiación, donde los ayuntamientos no vamos a poner cantidades, sino que los registros municipales de demandantes y los planes municipales van a ser financiados por la Junta".
Toscano resaltó el "consenso generalizado" en torno a este texto, en el que "se han recogido las sugerencias expuestas por la FAMP, muchas de tipo técnico, que suponen un enriquecimiento del documento en orden a dejar claro las responsabilidades que poseemos las dos administraciones y las que asumimos".
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