El Consejo de Administración de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, ha aprobado en su última reunión una modificación de su Estatuto del Directivo Intermedio por el que suprime las cesantías e indemnizaciones de sus directivos medios, unos "privilegios" que el departamento que dirige la consejera Elena Cortés considera "injustificados e impropios de una empresa pública" y que constituían "un agravio para el resto de sus trabajadores".
En una nota, la Consejería ha enmarcado esta decisión en la "profunda reordenación" de EPSA emprendida por dicho departamento del Gobierno andaluz para "optimizar y racionalizar" sus recursos, que incluyó, en el pasado mes de julio, la reducción a la mitad --de diez a cinco-- del número de altos directivos, y la disminución de las direcciones de área, que han pasado de ocho a tres, manteniéndose los cargos de director y subdirector, ocupados en el nuevo equipo por Fernando Herrera y Rafael Ibáñez, respectivamente.
El Consejo de Administración de EPSA ha cifrado, en su última reunión, en 313.887,12 euros el montante de dinero público que ahorrará esta reducción de la estructura de alta dirección, que, según este órgano, se encontraba "sobredimensionada" y resultaba "ineficaz".
Con las nuevas medidas aprobadas por el Consejo de Administración se elimina también la práctica de incorporar directivos sin relación laboral previa con la empresa mediante designación directa, quienes hasta ahora tenían reconocida la percepción de indemnizaciones equivalentes a las reconocidas en el Estatuto de los Trabajadores para el personal propio afectado por el convenio colectivo de la empresa.
Por su parte, los directivos intermedios pertenecientes a la plantilla tenían hasta ahora reconocida una cesantía consistente en que, tras el cese en la condición de directivo y el regreso a su puesto originario, mantenían las retribuciones como directivo durante tres meses.
El director de EPSA, Fernando Herrera, ha esgrimido "principios éticos imprescindibles" para justificar estos cambios, ya que, en su opinión, "el dinero público debe estar destinado a paliar los efectos de la crisis en las capas más humildes de la sociedad, no a pagar blindajes o privilegios a directivos".
Por ello, Herrera ha anunciado que el equipo directivo de esta empresa pública "seguirá adoptando medidas de racionalización del gasto para reforzar aún más su orientación social".
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