El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Consejería de Empleo Daniel Rivera ha asegurado en la comisión de investigación creada en el Parlamento sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), tramitados por la Administración andaluza, que se siente "injustamente imputado", al tiempo que ha querido dejar claro que fue "el primero" en denunciar ante la Justicia las "irregularidades" de las que tuvo conocimiento.
Rivera, que estuvo al frente de la Dirección General de Trabajo desde el 2010, --tras el cesde de Juan Márquez--, hasta el pasado mes de junio, está imputado por la juez Mercedes Alaya, encargada de la instrucción del caso, de los presuntos delitos continuados de omisión del deber de perseguir delitos, infidelidad en la custodia de documentos, prevaricación y malversación.
La juez le imputa haber otorgado 42.947.915,24 euros en ayudas pese a los informes jurídicos que cuestionaban la legalidad del sistema de ayudas ideado en el año 2001 y regulado por medio de un convenio-marco, así como no haber aportado todos los expedientes requeridos por el Juzgado y que se encontraban bajo su responsabilidad directa y la "desaparición" de algunos documentos de los expedientes de las ayudas.
Durante una breve intervención ante la comisión, en la que ha comenzado asegurando se acoge a su derecho a no responder preguntas, Rivera ha dicho sentirse "satisfecho" del trabajo realizado durante su etapa en la Dirección General de Trabajo, una labor que, según ha apuntado, ha desempeñado de "la manera más honesta" y que no le hace "merecedor" de las imputaciones de la justicia, ni tampoco del "atropello" de su derecho constitucional a la presunción de inocencia por parte de los medios de comunicación.
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