La portavoz del PSOE-A en la comisión de investigación creada en el Parlamento andaluz sobre el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), Antonia Moro, ha anunciado que su grupo parlamentario ha entregado al presidente de la comisión, Ignacio García, un total de 34 preguntas para que les sean remitidas al exasesor de la Consejería de Empleo y exdiputado del PSOE-A, Ramón Díaz, y al exjefe de servicio de la Dirección General de Trabajo Antonio Diz-Lois, quienes se han acogido este lunes a su derecho a no declarar en la comisión de investigación y a no responder preguntas.
En rueda de prensa, al término de las comparecencias y junto al resto de miembros del PSOE-A en la comisión, Moro ha explicado que su formación ha decidido no formular las preguntas en la propia comisión para "respetar" el derecho "constitucional" que asistía a ambos comparecientes de responder a las preguntas. Si bien, según ha precisado, en el listado entregado a García, constan 18 preguntas para Ramón Díaz y 16 para Antonio Diz-Lois.
La portavoz socialista ha asegurado que su grupo parlamentario afronta la comisión de investigación sobre los ERE con el "mismo ánimo" que siempre lo han hecho, "con el interés de que se llegue al esclarecimiento de la verdad". "Queremos que haya transparencia, rigor, seriedad y la máxima responsabilidad", ha apostillado Moro.
Al finalizar su intervención, se ha entregado a los medios el listado con las preguntas para Díaz y Diz-Lois. Al primero de ellos, entre algunos asuntos, se le pregunta por si presionó para incluir a personas ajenas en las pólizas de prejubilización; o si tenía conocimiento de cómo se desarrollaba el procedimiento por el que la Dirección General de Trabajo otorgaba las ayudas sociolaborales.
También le pregunta el PSOE-A sobre si tuvo conocimiento de que los procedimientos fueran irregulares; si en algún momento comunicó que el procedimiento pudiera ser ilegal; si el procedimiento seguido por la Dirección de Trabajo es similar al de otras comunidades autónomas; o si participó en los conflictos del cierre de las plantas azucareras en la OMC del azúcar.
Si bien, entre las 16 preguntas destinadas a Diz-Lois, los socialistas le cuestionan sobre si cree que el procedimiento utilizado podía ser irregular; si recibió alguna documentación que le llevara a pensar que estaba haciendo algo ilegal; si cree que hizo un buen trabajo técnico en la Jefatura de Servicio; si conoció el convenio firmado en 2011 entre la Consejería de Empleo y el IFA; o si cree que el procedimiento del citado convenio era adecuado para la finalidad que se pretendía con el mismo.
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