La solución para 120 trabajadores municipales de Algeciras que perdieron los complementos para completar su pensión está ahora más cerca. Durante la pasada semana, la comisión conformada por representantes del Equipo de Gobierno, oposición, sindicatos y afectados dio lugar a importantes avances que sitúan cercana a un feliz desenlace una situación que provocó un hondo malestar en el colectivo hace algunas semanas.
El origen del conflicto tuvo lugar el pasado 8 de mayo, cuando la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía remitió un escrito al Ayuntamiento de Algeciras en el que consideraba fuera de la legalidad puntos específicos del artículo 14 del recientemente aprobado convenio colectivo. Este apartado regulaba una serie de complementos que trabajadores jubilados anticipadamente por edad o bien por discapacidad percibían mensualmente.
La cuantía total de estas ayudas ascendía a 170.000 euros, lo que dividido entre los aproximadamente 120 afectados da una media de 1.416 euros al mes. En algunos casos -una ínfima minoría, según manifestó el concejal Luis Ángel Fernández- se superan los 5.000 euros. Otros apenas llegan a los 180 euros.
La Junta consideraba, en base a una legislación que data de 1985, complementada con nuevos decretos surgidos con posterioridad, que el abono de estos complementos podía ser constitutivo de un delito de malversación de fondos públicos imputables al alcalde, José Ignacio Landaluce, una visión corroborada por el informe de la Tesorería Municipal.
En consecuencia, el Ayuntamiento propuso suspender inmediatamente la concesión de estos complementos, algo que anunció públicamente pocos días después.
Posteriormente, llevó el asunto a Pleno. El pasado 20 de julio se aprobaba la medida, con la condición indispensable de iniciar inmediatamente el trabajo dentro de una comisión que estudiase posibles vías alternativas para compensar a los trabajadores.
En este caso, la solución partía por hacer legales estos complementos convirtiéndolos en indemnizaciones, y sobre esta base comenzaron las negociaciones entre afectados, sindicatos, equipo de Gobierno y oposición.
En la comisión se vio representado cada uno de los tres colectivos afectados por la medida: por un lado, el colectivo de trabajadores que, con una edad cercana a la jubilación, llegaron a un acuerdo para percibir complementos que compensasen las reducciones de su pensión; por otro, aquellos que, siéndoles declaradas discapacidades totales o parciales, se prejubilaron.
Por último, está el caso de 14 trabajadores de la empresa municipal de aguas (Emalgesa) quienes, tras la presentación de un expediente de regulación de empleo (ERE) optaron por las prejubilaciones. En este caso, si bien el dinero parte también de las arcas públicas, el grupo se rige por un convenio diferente a nivel provincial, como manifestaba su representante, el ax alcalde Francisco Esteban.
“Hay que tener en cuenta que al Ayuntamiento le interesó en su momento llegar a estos acuerdos. No fue ningún regalo.Les interesó jubilarnos con 60 años”, manifestaba José María Núñez, uno de los portavoces de las personas con jubilación anticipada.
Núñez recalcó que, pese a quedar aún pendientes “flecos de carácter administrativo”, la reunión de la comisión de trabajo del pasado jueves se desarrolló en “un clima muy positivo” y considera que el asunto está en “vías de solución”. Asimismo, resaltó que en el caso de las indemnizaciones “hay casos en los que prácticamente no hay diferencia, pero otros en los que los trabajadores podrían perder la mitad” de lo que percibían.
El portavoz de este grupo de entre 70 y 80 personas afectadas incidió en el “apoyo que nos han prestado, tanto desde el Equipo de Gobierno como desde PSOE, IU y PA, así como por los sindicatos UGT y CCOO”.
Por su parte, el representante de la Junta de Personal Miguel Ángel Lara, del sindicato UGT, confirmó que “la gran mayoría” de los casos está cercano al acuerdo, pero que “el mayor escollo está en el caso de los discapacitados”, por lo que se les ha trasladado “a una nueva reunión”, que tendrá lugar el próximo viernes, y en la que se aportarán nuevas propuestas para cada caso.“Ya hay estudios económicos y cálculos para las indemnizaciones. Quedan por concretar plazos y medios de pago”, recalcó Lara. Posteriormente, recordó, se abrirá “un plazo de consultas y alegaciones”.
Lara recordó que el carácter complejo de cada caso impide que haya una sola fórmula correcta para cada supuesto. “Las jubilaciones por edad son fáciles de cuantificar, pero en el caso de las discapacidades tienen que ser cuantificables según los grados de invalidez y la base reguladora”.
En cualquier caso, Lara se lamentó de que se hayan “magnificado” los casos reducidos en que trabajadores han percibido ayudas que, en algún caso, han llegado hasta los 5.600 euros mensuales, cuando algunas de estas cantidades se mueven “entre los 150 y 200 euros”.
Con respecto al caso de Emalgesa, considera que es “un tema totalmente independiente del Ayuntamiento” y que los trabajadores “estarán cobrando para el miércoles o el jueves”.
“Antes, la Junta no estudiaba el convenio con tanto celo”
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Algeciras, Luis Ángel Fernández, es optimista al respecto de una pronta solución al problema de los complementos, los cuales “nacían de derechos adquiridos en los convenios colectivos” y que fueron suprimidos por un requerimiento de la Junta de Andalucía después de más de 20 años aplicándose.
“La Junta se basa en una Ley de 1985”, lo que supone, recuerda Fernández, que durante la negociación de sucesivos convenios, efectuada por equipos de Gobierno de uno y otro signo, “la Junta no ha sido tan exigente ni estudiaban el convenio con tanto celo. Es ahora cuando la Junta ha decidido también que Algeciras no cuente con una oficina de turismo o reclamarnos una subvención por un velódromo no construido que data de 2001”. Para Fernández, la Junta “está muy eficaz con este ayuntamiento, pero siempre para perjudicarlo, aunque no esperamos que la Junta nos ayude”.
Para Fernández, existe a priori “bastante unanimidad” en las negociaciones y “podemos desbloquear la situación para no causar un perjuicio a los afectados sobre lo que hubieran tenido derecho”, al tiempo que cree que la comisión será capaz de “compensar esta situación y alcanzar una solución jurídicamente legal no sometida a reprobación de la Junta”.
En este sentido, entiende que la fórmula elegida de la indemnización “nunca se puede entender como reprobable”.
Fernández recordó que la dificultad, especialmente en el caso de los prejubilados por discapacidad, es que hay “casos y casos. Hay algunos que superan los 5.000 euros mensuales, otros superiores a 4.000 o 3.000 y hay casos de personas que cobran complementos sin haber trabajado en el Ayuntamiento”.
Casos excepcionales
Fernández incidió en que hay incluso el caso de “un ex concejal que cobra su pensión por ser enfermero en la residencia y por ser dos años concejal percibe, además, unos ingresos mensuales de 1.800 euros. Es difícil pensar que eso pueda generar una indemnización”, manifestó.
Para Fernández, es difícil llegar a un acuerdo en estos supuestos. “La base para buscar una indemnización es lo que usted hubiera seguido percibiendo de seguir de manera normal. También mencionó que, en casos en que se ha decretado un 100% de discapacidad, el trabajador “directamente no puede hacer nada” de manera alternativa a su anterior puesto, por lo que en teoría no habría forma legal de que percibiera esos complementos o, en su caso, las indemnizaciones.
También considera “insostenible desde el punto de vista legal” que haya gente que pida continuar percibiendo cantidades por encima de la mera compensación de la porción de pensión perdida.
Fernández insiste, no obstante, en la idoneidad de muchas de estas indemnizaciones. “Muchas de estas personas, si no se hubieran jubilado, estarían percibiendo la máxima que les habría correspondido”. Por tanto, les corresponde percibir estas compensaciones, amén del ahorro que para las arcas municipales suponía pagarles sus sueldos en su totalidad.
Fernández resaltó que ante todo “hay una voluntad política de solucionar caso por caso”, y que las dificultades a las que se refirió con casos concretos “no quiere decir que no se vaya a solucionar, sino que es difícil convertirlo en algo legal”.
Portavoz
El portavoz del colectivo de afectados, Paco Esteban, comentó que la reunión del pasado jueves fue “muy positiva” y que se ha visto “buena voluntad y ganas de arreglar las cosas”.
Para Esteban, representante específico de los 14 afectados de Emalgesa, “nunca debimos de estar” entre el grupo de personas a los que se suspendió la pensión, porque su situación no se rige por el convenio municipal, al tiempo que asegura que “el próximo martes se va a redactar un documento desde Secretaría para decir al tesorero que paguen las pensiones retenidas”.
Esteban recordó que “somos 14 nada más, algunos con pensiones no superiores a los 300 euros”.
El concejal de Hacienda, Luis Ángel Fernández, incidió en que el caso de los 14 de Emalgesa es diferente porque “nace de un ERE y no de un convenio impugnado por la Junta”. No obstante, reconoció que, pese a que Emalgesa está participada también por el socio privado Aqualia, “no existe una caja para Aqualia y otra para Emalgesa” y que era, por tanto, importante que estos complementos fuesen regularizados porque seguía utilizándose “dinero de los algecireños”.ç
Miguel Alberto Díaz (PSOE)
El concejal socialista Miguel Alberto Díaz, quien participa en la comisión que estudia alternativas a estos complementos, incidió en que “no es justo que por cuatro personas que cobran sueldos muy importantes se tape el gran drama de los que cobran 180 euros”, e insistió en que los 120 afectados “no son gente aprovechada” porque sus jubilaciones anticipadas suponían “un ahorro económico al Ayuntamiento”.
Díaz puso de manifiesto que entre los trabajadores prejubilados había una diferenciación entre aquellos que tenían una compensación “vitalicia” y otros que percibían las prestaciones “entre los 60 y 70 años”. En este último caso, el cálculo de las indemnizaciones era más sencillo. En el segundo caso, se habría planteado tomar como referencia una longevidad media de hasta los 82 años.
Díaz aludió a que esta situación ha tomado por sorpresa a todas las partes: “Nadie, ni el Ayuntamiento ni los trabajadores, era consciente de que las ayudas pudieran desaparecer”.
Recordó, especialmente en el caso de los discapacitados, “que hubieran podido pedir otro tipo de trabajo y más caro por el Ayuntamiento” pero que la medida del complemento o la futura indemnización suponía un ahorro para las arcas municipales tal y como se concibieron.
San Roque
El pasado 1 de agosto, la Junta de Personal y el Comité de Empresa del Ayuntamiento de San Roque manifestaron “su más rotundo y enérgico rechazo” a la retirada de las ayudas contempladas en el Plan Municipal de Jubilaciones Anticipadas, suscrito en 2002 y reafirmado en 2011. La base legal de esta medida, que se tomó sin consultar a los sindicatos, fue la aplicación del artículo 1 del Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.
Los sindicatos consideran “injusta e inmoral” la medida, porque el decreto, en su exposición de motivos, se refiere a “altos cargos” en su aplicación. Recordaron que “este plan fue aprobado por el propio Ayuntamiento porque era beneficioso a ambas partes, y que aún hoy en día se encuentra en vigor al no haber sido anulado por el Pleno”.
Los representantes de los trabajadores no descartan realizar medidas “en defensa y apoyo de las personas afectadas” y piden a todos los partidos políticos “consenso” para tratar de solucionar la situación.
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