La morosidad de la Junta de Andalucía respecto al abono de ayudas y subvenciones aprobadas y concedidas a la entidad FUENSOCIAL, correspondientes a 2010 y 2011, que está provocando un grave contratiempo y amenaza de inactividad de esta entidad, ha sido hoy protagonista de la sesión plenaria de la Corporación, en la que, tras un intenso debate, el alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, ha accedido a la retirada de una moción de urgencia presentada por el Equipo de Gobierno, por la que se instaba a la Junta de Andalucía al pago de las subvenciones no satisfechas.
La decisión final del primer edil se produjo en consecuencia con la intervención del portavoz del Grupo Socialista, José Ortiz, quien calificó como “oportunidad perdida” para la solución del problema la iniciativa del Grupo del Partido Popular.
Entendiendo Pedro Fernández Montes que el señor Ortiz había dejado entrever la posibilidad de lograr el pago de los 323.047,90 euros adeudados por la Junta de Andalucía a FUENSOCIAL, el primer edil insistió en que el fin único de la iniciativa era ese pago para que la citada ONG pueda seguir funcionando con normalidad, por lo que accedió al compromiso del portavoz socialista de gestionar antes las instancias correspondientes el asunto para, en un plazo razonable, no mayor de 20 días, “celebrar”, en su caso, el feliz desenlace del asunto o, en su defecto, proceder nuevamente a tramitar la presentación de la referida moción.
Fue la concejala de Bienestar Social, Inmaculada Rosales, la encargada de dar cuenta al Pleno de la moción, inspirada precisamente en la inquietud de los trabajadores de FUENSOCIAL, que explica el grave riesgo que para el normal funcionamiento de la entidad está representando la morosidad de la Junta de Andalucía, que tiene en vilo a los 82 menores discapacitados psíquicos que reciben atención en dicho centro, así como a los doce trabajadores encargados de hacer efectiva tan importante labor social.
El portavoz del Grupo Socialista, José Ortiz, dejó sentado que el pago directo de las subvenciones aprobadas pero no abonadas está fuera de sus competencias, pero sí dejó explícito su compromiso de gestionar el pago inmediato de esas subvenciones ante los responsables de la correspondiente Consejería en Málaga.
Sea como fuere, tanto IU como PSOE consideraron no justificada la urgencia en la presentación de esta moción y, en un sentido más amplio, mostraron su disconformidad con el hecho de que la reclamación de las cantidades adeudadas a este tipo de entidades no se efectuará igualmente en el caso de los incumplimientos de otras administraciones, y no solo de la Junta de Andalucía, un argumento que el propio alcalde interpretó como un vano intento de dispersión de la atención que merecía la concreta morosidad de la Junta de Andalucía para con FUENSOCIAL, que cuenta con dos centros, uno en Fuengirola y otro en Torremolinos.
Con anterioridad, el Pleno aprobó con los votos de la mayoría de gobierno una moción del Delegado de Hacienda sobre la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por Actuaciones Urbanísticas que supone el establecimiento de 100 euros como cuota mínima para la concesión de la oportuna licencia aumento con el que se pretende reducir los gastos efectivos que comporta la tramitación de cada una de estas actuaciones.
Asimismo, tras la aprobación de la Ordenanza Municipal número 58, Reguladora de las Condiciones Urbanísticas de Instalación y Funcionamiento de Equipos de Radiocomunicación e Infraestruc-turas Radioeléctricas, la sesión se centró en el debate suscitado en torno a la aprobación definitiva de la Ordenanza número 57, Reguladora de los Horarios de Establecimientos, Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en torno a la cual tanto IU como el PSOE reclamaron el cumplimiento estricto de la Ley en cuanto a los niveles de ruido y horario de los establecimientos de la zona de Los Álamos, arguyendo reiteradamente la obligación de respeto a la “convivencia pacífica” y deseo de descanso de los vecinos de la citada zona.
En este contexto, el alcalde recordó las persistentes apelaciones de la oposición a las dificultades económicas que viven comercios y empresarios en general del municipio y que, a juicio de la primera autoridad municipal, contrastan con su evidente ánimo de persecución contra determinados negocios, recordando además la condición de Torremolinos de “municipio turístico” y, sobre todo, explicando la evidente necesidad de que la renovación o nuevas concesiones de los chiringuitos se ajuste a una realidad que es hoy bien diferente respecto a las características y funcionamiento de esos establecimientos cuando se produjeron las adjudicaciones en 1991.
En todo caso, el alcalde reiteró que la Policía Local tiene orden estricta de dar respuesta a cada denuncia procediendo a la medición del nivel efectivo de ruido, sin que, hasta el momento, ni una sola de las mediciones efectuadas a instancias de vecinos haya sobrepasado los límites legales.
En este contexto, Pedro Fernández Montes no dudó en señalar que “incluso existe una asociación específica creada para animar este tipo de denuncias”, muchas de las cuales no desvinculó de “intereses comerciales concretos” que tendrían como fin una competencia desleal destinada a intentar “cargarse” esta zona del municipio de una gran aceptación social e, indudablemente, de gran repercusión económica.
“De la playa se puede disfrutar de día y de noche, y por tanto un grupo de personas no puede determinar ese uso a su capricho o conveniencia”, señaló el alcalde, quien defendió los derechos e intereses de “todos los ciudadanos”, sin excepción, incluidos los empresarios y usuarios de los chiringuitos, y reiteró que la Policía Local tiene órdenes concretas para la salvaguardia del cumplimiento de la ley, si bien insistió en la necesidad de tener presente en todo momento el carácter turístico de Torremolinos y, por ello, la importancia de las zonas de ocio del mismo.
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