El coordinador de Economía y Hacienda del PP-A, Rafael Carmona, ha asegurado este miércoles que el Gobierno andaluz "ha certificado" con la documentación que ha aportado a la Comisión de Investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las ayudas sociolaborales a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE) tramitados por la Junta entre los años 2001 y 2010 que "no publicó en el Boletín Oficial ninguna" de las mismas y que, por tanto, "todo es ilegal y se hacía con la única intención de ayudar a los satélites del PSOE".
En rueda de prensa, Carmona ha explicado que, del análisis que su partido ha hecho de la documentación aportada por la Junta a la Comisión --a la que han tenido acceso "en una sala videovigilada" y con seguridad en la puerta, algo que ha achacado, con ironía, a que haya llegado a Andalucía la "influencia de (Alfredo Pérez) Rubalcaba"--, se demuestran dos cosas: la primera, que "como viene denunciando el PP-A desde hace más de un año y medio todo es ilegal" y, la segunda, que el Gobierno andaluz "tienen muy poco interés por recuperar el dinero repartido entre los amigos del PSOE-A".
Sobre la primera cuestión, el 'popular' ha informado de que su partido pidió a la Consejería de Empleo los BOJA en los que tendría que haber publicado tanto las bases de las convocatorias de las ayudas sociolaborales como la resolución y concesión de las mismas. Gracias a esta petición, según Carmona, la "Junta ha tenido que retratarse y ha certificado que no hay Boletines Oficiales donde se hayan publicado las ayudas, ni sus convocatorias", por lo que la Administración andaluza "ya está reconociendo lo que hace más de un año y medio venimos denunciando, que todo es ilegal".
Concretamente, según el PP-A, la Junta ha aportado una relación de 93 empresas (a las que se les reclaman aproximadamente 48 millones de euros) cuyas ayudas por expedientes de regulación de empleo están siendo revisados de oficio. De ellas, 88 están en trámite y cinco han sido declaradas nulas, cuatro de ellas por la Administración autonómica y una por sentencia judicial.
A juicio de los 'populares', el hecho de que la Administración autonómica "ya esté diciendo claramente que cuatro (ayudas) son nulas significa que no había procedimiento" y que "son ayudas que se han dado con absoluta ilegalidad" y "sin ningún tipo de control ni a priori ni a posteriori". "Por tanto, todos los vociferantes socialistas que decían que mentíamos, hoy tienen que rectificar", ha exigido tras recalcar nuevamente que el caso ERE es una "trama organizada desde el poder para repartir fondos públicos en toda Andalucía".
En ese sentido, Carmona ha señalado que, aunque la gran mayoría de estas 93 empresas están radicadas en el entorno de la Sierra Norte de Sevilla, también hay algunas de Cádiz, Córdoba y Jaén, por lo que advierte a "aquellos que quieren circunscribir esta trama en el entorno del señor (José Antonio) Viera" de que "la responsabilidad de la trama está en la cúspide, en el señor Griñán".
"SIN INTERÉS" POR RECAUDAR LO DEFRAUDADO
Otro elemento de la documentación aportada a la Comisión de Investigación que ha llamado la atención de los 'populares' es que las declaraciones de nulidad de las cuatro ayudas referidas (de 390.000, 150.000, 60.000 y 65.000 euros) tengan fecha del 17 de julio de 2012, ya que, en su opinión, esto evidencia "que no hay ningún interés por recuperar el dinero".
"Es muy significativo que de estas resoluciones de nulidad se hayan hecho hace poco más de 20 días cuando se sabe que hay un fraude brutal en la Administración desde hace tanto tiempo", ha argumentado Carmona, quien ha achacado este "desinterés" tanto al PSOE como a su socio de Gobierno, IULV-CA, formación que ostenta la presidencia de la Comisión de Investigación (a través del parlamentario Ignacio García) y a la que ha acusado de "favorecer los intereses del Gobierno: es decir, de que no se investigue y no se sepa la verdad de los 1.500 millones de euros que el PSOE, en connivencia de IU, han repartido de forma irregular".
UNA COMISIÓN "CON PROBLEMAS"
Como ya lamentara a finales del pasado mes, Carmona ha insistido este miércoles en que la Comisión de Investigación "va mal y con problemas" porque el presidente de la misma "no se relaciona en ningún sentido" con el grupo popular.
A esto se debe, según ha señalado, que el PP-A aún no sepa si el próximo 21 de agosto, día en que se retoman las comparecencias en el Parlamento andaluz, quién va a acudir. "No sabemos si los comparecientes han sido citados, ni si esa citación se ha hecho en regla, si la han recibido, si van a comparecer o si la han declinado... así que eso reafirma y consolida lo que ya denunciamos en junio y julio, que el presidente se cree que tiene plenos poderes para actuar en solitario", se ha quejado Carmona.
Frente a ello, según ha valorado, el PP-A sigue trabajando y analizando "con detenimiento" toda la documentación que llega a dicha Comisión y que, además de no estar "en ningún caso firmada ni con membrete", contienen "cosas muy llamativas" y "contradicciones" como que el exdirector general de Trabajo de la Junta, Daniel Alberto Rivera --imputado en la causa de los ERE, "declarara ante la juez que se habían detectado 200 intrusos y a la Comisión se remite un listado con cien". Además, ha criticado que de estos intrusos solo se haya conseguido recuperar "dos ayudas", algo que evidencia, según ha insistido, "la falta de diligencia absoluta de la Junta y el gran desinterés por recuperar el dinero repartido entre los amigos del PSOE".
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