El PP andaluz ha registrado en el Parlamento andaluz una batería de enmiendas al Plan de Reequilibrio Económico y Financiero de la Junta que supondría un ahorro global "cuanto menos" equivalente al recorte salarial de los empleados públicos andaluces, cifrado en unos 770 millones de euros.
En conferencia de prensa, el portavoz de Función Pública del PP andaluz, Rafael Ruiz Canto, ha rechazado la reestructuración periférica de la Administración autónoma al considerar que las oficinas provinciales adscritas a la vicepresidencia, de IU, alteran esa búsqueda de equilibrio financiero.
"El Gobierno bipartito sostiene las mismas políticas que se venían desarrollando", según Ruiz Canto, quien ha calificado de "insumisión ante las obligaciones de Gobierno" la actitud del Gobierno andaluz ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuya reunión abandonó la consejera andaluza Carmen Martínez Aguayo.
Tras reiterar que "es competencia exclusiva del Gobierno andaluz" decidir "de dónde pone y de dónde quita, en materia autonómica", Ruiz Canto ha rechazado la subida del IRPF, que supondría más carga en Andalucía que en otras regiones, el incremento en el impuesto de Patrimonio por superar un 10 % el marco estatal básico y el de actos jurídicos documentados, previsto del 1,2 % al 1,5 % en su segunda subida en ocho meses.
Como "prioritario y con carácter fundamental" ha calificado el recorte que debería aplicarse a los cargos públicos, además de eliminarles las ayudas a la vivienda y las cesantías y suprimir los complementos de productividad.
En contrapartida, el PP propone una garantía salarial mínima de mil euros netos en el sector público y que cualquier alteración en ayudas de acción social que reciban estos trabajadores sea revisada por los sindicatos, además de que las reducciones salariales se limiten a 2012, como ha establecido el Gobierno central.
El PP ha incluido enmiendas que proponen la creación de una Oficina de Control Presupuestario, un calendario de pago a proveedores y que se controle la actividad de los entes instrumentales públicos para ver incluso "si tienen actividad".
El gasto operativo corriente ha de reducirse un 50 %, también han de reducirse la asignación a partidos políticos, sindicatos y organizaciones empresariales, los gastos de protocolo y "eliminar" en un 70 % la flota de vehículos oficiales, según estas enmiendas.
Otra propuesta del PP es reducir un 50 % el presupuesto de cooperación exterior para "dar prioridad a las familias andaluzas", suprimir los intereses de demora "pagando al día, y no como se ha hecho durante treinta años, y eliminar las encomiendas de gestión de la Administración a los entes instrumentales públicos para evitar el IVA de esa facturación, entre otras medidas.
El PP propone igualmente suprimir la oficina de la Junta en Madrid y ajustar la red de estas oficinas fuera de la región, a la vez que reducir en un 80 % la partida de "Gastos indeterminados", aumentar la reducción de publicidad institucional en un 70 % y ahorrar un 25 % en alquileres de sedes.
También reducir un 40 % el "sobredimensionado sector" de los entes públicos, cuyos puestos directivos deberían quedarse en la mitad.
El PP ha propuesto la gratuidad para los desempleados que concurran a los procesos selectivos de personal de la Administración, que no se recorte en mayor proporción a los interinos que a otros empleados públicos.
Ruiz Canto ha reprochado a la Junta que "suspenda" dos obras anunciadas dos días antes de las elecciones andaluzas, la A-308 Iznalloz-Darro, que debería suponer 1.700 empleos directos y 3.000 indirectos, y la Autovía Almanzora-A-7, con otros 2.000 puestos de trabajo con ejecución pública-privada.
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