Los principios básicos recogidos tanto en el Estatuto de Autonomía, que busca el bienestar e igualdad de todos los andaluces, como en el Acuerdo Andaluz del Agua, que establece que todas las actuaciones de las administraciones andaluzas en materia competencial se regirán por los principios de eficacia, proximidad y coordinación, han sido los inspiradores de los nuevos estatutos de la Agencia Andaluza del Agua, organismo dependiente de la Consejería de Medio Ambiente que asume la gestión unitaria de todas las cuencas hidrográficas de la Comunidad.
De acuerdo con estos nuevos estatutos, la Agencia se organizará en órganos directivos centrales con competencia en todo el territorio andaluz, así como en direcciones provinciales, con el objetivo de garantizar la igualdad en la calidad de los servicios y la unidad de criterio en la toma de decisiones, de forma que se preserve la unidad de cuenca establecida por la Unión Europea en su Directiva Marco de Aguas.
Los nuevos estatutos contemplan la creación de cuatro Distritos Hidrográficos, como delimitadores territoriales para el ejercicio de la planificación, participación y gestión de las aguas que tiene atribuidas la Agencia: Distrito Hidrográfico Mediterráneo (antigua Cuenca Mediterránea Andaluza); Distrito Hidrográfico Guadalete-Barbate; Distrito Hidrográfico Tinto-Odiel-Piedras; y Distrito Hidrográfico Guadalquivir.
En este nuevo organigrama se mantiene la Presidencia a cargo del titular de la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección-Gerencia centrada en la coordinación, planificación y control de las actividades de las cuatro nuevas direcciones generales funcionales que se crean: Servicios y Régimen Económico; Planificación y Participación; Infraestructuras y Explotación, y Dominio Público Hidráulico, además de incluir una vicepresidencia (que correspondería al titular de la Viceconsejería).
La Dirección General de Servicios y Régimen Económico se encargará de organizar y racionalizar las unidades y servicios de la Agencia y de elaborar propuestas normativas relativas al régimen económico del agua, mientras que la Dirección General de Planificación y Participación se dedicará a realizar trabajos y estudios relativos a la elaboración, seguimiento, evaluación y revisión de la planificación hidrológica de la cuenca.
Por su parte, la Dirección General de Infraestructuras y Explotación se ocupará de la programación, ejecución y seguimiento de las obras de infraestructura hidráulica y de elaborar propuestas para la explotación y seguridad de presas y embalses de titularidad autonómica. Finalmente, la Dirección de Dominio Público Hidráulico asumirá el otorgamiento de autorizaciones y concesiones, la autorización de transacciones que impliquen utilización de infraestructuras públicas de conexión y las cesiones de derechos de uso del agua.
Comisiones de agua
Además de estas instancias directivas, la Agencia también incluye en su estructura las Comisiones del Agua como órganos de participación administrativa en la planificación, gestión y administración en los respectivos Distritos Hidrográficos, con el objetivo de garantizar la implicación de usuarios y colectivos sociales y económicos en la toma de decisiones de política hídrica, de acuerdo con los criterios de la Directiva Marco de Aguas de la UE.
La nueva organización basa sus principales objetivos en el Acuerdo Andaluz por el Agua, documento consensuado con los agentes económicos y sociales, y que contempla 97 medidas, planes y proyectos en torno a cinco ideas fundamentales, como son una gestión comprometida con las generaciones futuras; un uso sostenible y con garantía del agua; una administración hidráulica más moderna y eficaz; una participación activa de la sociedad, y un nuevo régimen económico y financiero para un uso responsable del recurso.
Como objetivo general, se defiende la necesidad de aprovechar la incorporación de la Junta a la gestión de la parte andaluza de la cuenca del Guadalquivir para impulsar una política de aguas que permita compatibilizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población, la buena calidad ambiental de los ecosistemas asociados y el desarrollo social y económico de la comunidad.
Entre las medidas más destacadas, el texto fija el horizonte del año 2015 para completar el proceso de modernización de los regadíos; la creación del Banco Público del Agua; la delimitación de las zonas inundables en un plazo de cuatro años; la gestión homogénea de las aguas subterráneas y superficiales; y la creación del Observatorio Público del Agua, que permitirá establecer estándares de calidad sobre el servicio que se presta a los usuarios.
El documento apuesta además por abordar una modernización del régimen económico y financiero del agua para garantizar los principios de equidad, eficiencia, calidad, responsabilidad medioambiental y transparencia, así como para incorporar el criterio de recuperación de costes, previsto en la legislación comunitaria.
Para ello, el Acuerdo establece que todos los usuarios deberán contribuir a la financiación de los gastos de gestión del agua de forma equitativa y proporcional a los servicios recibidos, con fórmulas como la facturación por consumo en lugar de por superficie.
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