La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos ha imputado al exviceconsejero de Empleo de la Junta Agustín Barberá que, durante su etapa como alto cargo, se concedieron 220 ayudas sociolaborales y otras 27 ayudas directas, "lo que supuso el uso de fondos públicos" por importe de 468.015.084,66 euros en ayudas concedidas de forma "indiciariamente arbitraria".
Barberá ha comparecido este viernes ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien le ha leído los hechos que le imputa y le ha atribuido cuatro presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, omisión del deber de perseguir delitos y falsedad en documento oficial.
Tras ello, el imputado se ha acogido a su derecho a no declarar y se ha celebrado una comparecencia en la que la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido su ingreso en prisión, tal y como sí hizo con el exconsejero de Empleo Antonio Fernández o el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, extremo éste que ha llevado a que el letrado de éste último imputado haya anunciado que estudia emprender acciones penales contra el Ministerio Público.
En este sentido, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha dicho que "no es justo" que, de los cinco exaltos cargos que han declarado, dos estén en prisión --su cliente y el exconsejero de Empleo-- y otros tres no, como son los dos directores generales que sucedieron a su cliente --Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera-- y el propio Agustín Barberá.
Asimismo, el fiscal ha pedido que se le imponga una fianza de responsabilidad civil de 624.022.000 euros, la prohibición "absoluta" de salir del territorio nacional, la retirada del DNI y del pasaporte y la comparecencia periódica ante el Juzgado, petición a la que se ha adherido la acusación que ejerce el PP aunque no así la Junta, que ha pedido que la fianza sea de 18.820.000 euros.
LA JUEZ LE RETIRA EL DNI Y EL PASAPORTE
El abogado del imputado, Pedro Apalategui, se ha opuesto a la imposición de ninguna de estas medidas, no obstante lo cual la juez ha dictado un auto este mismo viernes, una vez finalizada la comparecencia, en el que ordena retirar tanto el DNI como el pasaporte al imputado, al que obliga a comparecer judicialmente todos los lunes, mientras que respecto a la fianza civil pedida por la Fiscalía no se ha pronunciado aún.
La magistrada considera que, con el procedimiento específico derivado del convenio marco suscrito en 2001 y por el que se regulaban las ayudas investigadas, "a cuyo mantenimiento colaboró durante varios años" el propio Barberá, "se institucionalizaría la arbitrariedad y la desigualdad en el otorgamiento de las ayudas públicas, habiéndose producido signos ostensibles de lo anterior antes del nombramiento del imputado y a lo largo del ejercicio de su cargo".
Así, "y al no existir ningún control sobre tales ayudas al estar huérfanas del procedimiento legalmente exigible, se permitía por Barberá un uso llamativamente abusivo en el manejo de los fondos públicos", ya que "presuntamente se regalaban las mismas fraudulentamente a determinadas personas físicas o jurídicas, que conformaban un extenso grupo, cuyos privilegios procedían de su proximidad a cargos de la Junta, a sindicatos y al PSOE andaluz, bien por razones de amistad, parentesco, afiliación o conveniencia política".
Según la juez, "las consecuencias de este irregular procedimiento fueron conocidas" por el exviceconsejero cuando la Intervención General realizó en 2005 una serie de informes en los que exponía "de modo claro y contundente" la "total inadecuación del procedimiento elegido a través del convenio marco, y que las irregularidades derivadas de esta anormal situación no eran meramente formales sino de fondo".
"CONNIVENCIA" CON EL EXCONSEJERO
"Conociendo el inculpado tales conclusiones, que comentó con el consejero de Empleo, permitió presuntamente, en connivencia con éste y con otros cargos de la Junta, que se siguieran produciendo las numerosas consecuencias de tal ilícito proceder", añade la juez, que dice que "no hubo el menor control sobre las solicitudes y la valoración económica de la ayuda que se pedía".
A su juicio, el imputado "no sólo consintió que se omitiera groseramente la normativa estatal y autonómica en materia de subvenciones, sino que permitió presuntamente el incumplimiento de la normativa comunitaria de obligado cumplimiento", a lo que se suma que "la arbitrariedad que indiciariamente permitió" el imputado "fue de tal calibre" que, por ejemplo, los ciudadanos "no conocían a través del BOJA las subvenciones que la Administración, con total oscurantismo, estaba concediendo, pues las mismas no se publicaban".
Asimismo, "el descontrol del procedimiento llegaría a ser tan grande que, con indiciario conocimiento de Barberá, ni siquiera los mínimos controles que imponía el convenio marco se llegaron a cumplir", mientras que, "con indiciaria despreocupación", el imputado "ni ordenaría ni supervisaría que respecto de las ayudas concedidas se constituyeran las comisiones de seguimiento para comprobar el fin dado a las mismas por parte de los beneficiarios".
PERMITIÓ LA "CONCENTRACIÓN" DE AYUDAS A LA SIERRA NORTE
Ésto último "habría generado que parte de estas ayudas sirvieran para enriquecer a sus perceptores o para destinarlas a un fin distinto de aquél para el que fueron concedidas", agrega la magistrada, que dice que el imputado "permitió que se continuase con la concentración de ayudas" por valor de 29,1 millones a las empresas "controladas" por José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde socialista de El Pedroso (Sevilla), y José María Sayago, ambos exconcejales del Ayuntamiento de la localidad y que "tenían presuntamente importantes relaciones en el PSOE andaluz".
Además, "la mayor parte de las empresas a las que en la etapa de Barberá se le concedieron subvenciones carecían de la menor actividad, pues no tenían empleados", una situación "cuanto menos inaudita, cuando nos estamos refiriendo al uso de fondos públicos, que se hubiera evitado siguiendo el procedimiento legal de subvenciones y a través de la fiscalización previa inherente por parte de la Intervención General".
Al hilo de ello, la juez dice que, "pese a tener indicios de la pregunta ilegalidad de tales ayudas, por la ausencia de procedimiento y por las numerosas subvenciones repartidas a las mismas empresas en tan corto espacio de tiempo, no cumplió con su deber como autoridad de poner los hechos en conocimiento de la Administración de Justicia, ni tampoco ordenó ningún procedimiento de revisión y, en su caso, de reintegro sobre las mismas".
"ENTRAMADO"
Respecto a las ayudas sociolaborales, asevera que el inculpado "supuestamente conocía, consentía y propiciaba, con un criterio desigualitario y contrario al interés general, la financiación por parte de la Junta de la prejubilación de los trabajadores, pero sólo para aquellas empresas que por un motivo u otro estuvieran próximas a la Administración".
"Alrededor de tales ayudas se había organizado un entramado en el que siempre intervenían sin ningún criterio de selección o libre concurrencia las mismas personas, los mismos despachos profesionales de abogados y técnicos, las mismas aseguradoras, algunas de ellas de dudosa solvencia, las mismas mediadoras o corredurías de seguro, además de los sindicatos, y todo ello al calor de que era un negocio rentable para todos, pues a todos pagaba la Junta", dice.
Así, "aquellas empresas que por sus relaciones entraran en contacto, bien directamente con Empleo, bien con cualquiera de este nutrido grupo de personajes, tenía asegurada la financiación de las prejubilaciones de sus trabajadores por parte de la Junta".
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