La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a dejar en libertad sin fianza a Juan Francisco Trujillo, exchófer del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero e imputado por 22 delitos en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales.
Hay que recordar que el abogado del exchófer, que se encuentra interno en la prisión de Morón de la Frontera (Sevilla) desde el día 21 de marzo, elevó un escrito ante la juez Mercedes Alaya en el que pedía su puesta en libertad sin fianza después de no poder reunir los 150.000 euros de la fianza que le impuso el pasado día 14 de junio la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla para poder abandonar la cárcel.
En este sentido, las mismas fuentes consultadas por Europa Press han señalado que la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir el escrito que el letrado del exchófer ha presentado directamente ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, se ha opuesto a que se le levante la fianza impuesta por la Audiencia Provincial.
En su escrito, el abogado de Juan Francisco Trujillo vuelve a insistir en que no ha presentado ninguna queja ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por el supuesto retraso de la Audiencia Provincial en resolver el recurso en el que pedía la libertad, y en este sentido ha aportado una prueba pericial caligráfica para tratar de demostrar que se ha falsificado su firma.
Al hilo de ello, fuentes judiciales ya indicaron que el letrado de Trujillo ha elevado un escrito al TSJA en el que pide a la Sala de Gobierno que, "ante las informaciones aparecidas en la prensa" acerca de la presentación de una queja ante la Audiencia Provincial, "le digan si existe dicha queja y, si existe", se le de traslado de una copia de la misma a fin "de ejercitar las acciones que considere oportunas".
EL AUTO DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL
En su auto, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial acordó excarcelar bajo fianza de 150.000 euros a Juan Francisco Trujillo, ya que el imputado "cuenta con arraigo familiar, pues tiene cónyuge y dos hijos de 13 y 20 años", e incluso el PP dijo en la vista que el imputado vivía "enclaustrado" en su domicilio, circunstancia que, "paradójicamente, acaso puede propiciar el fortalecimiento de dicho arraigo, aunque sea en detrimento de su arraigo social".
Además, el imputado "siempre ha comparecido a los múltiples llamamientos judiciales que se le han dirigido", con lo que ha ofrecido "desde el inicio una actitud colaboradora tanto con la Policía como con los juzgados, declarando con amplitud de detalles sobre sus actividades presuntamente delictivas".
De este modo, el exchófer de Guerrero --que llegó a confesar, entre otras cosas, que gastó 25.000 euros mensuales procedentes de ayudas públicas en cocaína-- "ha aportado multitud de datos e información que, en la práctica, está facilitando el esclarecimiento de los hechos que le atañen, permitiendo abrir diversas líneas de investigación y dirigir la causa contra otras personas físicas y jurídicas", añade la Audiencia en su auto.
"CUESTIONABLE" CAPACIDAD PARA DESTRUIR U OCULTAR PRUEBAS
Para decretar su ingreso en prisión, la magistrada tuvo en cuenta el riesgo de que Juan Francisco Trujillo pudiera destruir facturas falsas o documentos que pudieran incriminarle en más delitos o de que pudiera ser presionado por otras personas implicadas en la causa, pero la Audiencia asevera que dicho riesgo "también se encuentra relativizado por otras circunstancias", mientras que la capacidad para ocultar, alterar o destruir pruebas "resulta cuestionable".
En este sentido, pone de manifiesto que las primeras causas penales contra Trujillo por haber recibido 1,3 millones de euros en ayudas de la Junta "comenzaron a instruirse hace ya más de dos años", lo que constituye "tiempo suficiente para hacer desaparecer los documentos relativos a sus actividades y empresas, si ese hubiera sido su propósito", mientras que el 15 de febrero de 2011 se practicó en su domicilio un registro, "por lo que tampoco puede presumirse que allí oculte documentación significativa o relevante para la causa".
En el mismo auto, la Audiencia se refiere a la noticia aparecida en prensa de que el letrado del imputado presentó una queja ante el TSJA por el "retraso ilegal" en la tramitación de su recurso y a que fuera un magistrado suplente el designado como ponente de la causa, y, además de negar dicho retraso, critica "el uso de los medios de comunicación como instrumento para favorecer los propios intereses, cuando no de presión a los tribunales, a sabiendas de que éstos tienen deber de prudencia".
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