El Ayuntamiento de Huelva ha celebrado este viernes un pleno extraordinario y urgente en el que se ha aprobado, con los votos a favor del PP y Mesa de la Ría, en contra de IULV-CA y la abstención del PSOE, la ampliación del plan de pago a proveedores, un mecanismo que acordó el Gobierno el pasado mes de febrero para que las administraciones locales pudieran saldar sus deudas comerciales con pequeñas y medianas empresas.
En la sesión plenaria, según ha informado el teniente alcalde de Hacienda, Empleo y Desarrollo Sostenible, Juan Carlos Adame, "se ha acordado realizar una o varias operaciones de préstamo, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por importe de un total de 1,2 millones de euros", lo que supondrá "una nueva inyección de liquidez" para pequeños y medianos empresarios de la capital, "mejorando su actividad económica y sobre todo el mantenimiento de los puestos de trabajo".
Adame ha explicado que a esta segunda fase del plan de pago se han sumado proveedores del Ayuntamiento que en la primera fase del Decreto "no pudieron incluir sus facturas por distintas razonas y ahora van a poder cobrar su deuda".
Asimismo, ha aclarado que "esta ampliación no supone ningún coste añadido para el Consistorio", ya que el importe máximo que fijan para pago de 83 millones de euros "no se cubrió en la primera fase, donde pagamos 80,6 millones de euros a un total de 480 empresas de nuestra ciudad".
Por su parte, en declaraciones a los periodistas antes del pleno, el portavoz del grupo municipal socialista, Gabriel Cruz, ha explicado que su formación se ha abstenido en la votación debido a que saben que los proveedores tienen derecho a cobrar lo que se les adeuda, pero "no comparten el descontrol económico" del Consistorio. En esta línea, se ha preguntado "si no saldrán nuevas facturas cuando de un cajón han salido facturas por 1,2 millones".
Del mismo modo, el portavoz del grupo municipal de IULV-CA, Pedro Jiménez, ha lamentado que el Consistorio carezca de "un control riguroso" y se ha mostrado contrario a "esta chapuza" que supone "hipotecar al Ayuntamiento".
José Pablo Vázquez, concejal del grupo Mesa de la Ría, ha recordado que "a los proveedores se les debe un dinero y tienen que cobrarlo", por lo que, pese a no estar de acuerdo con las medidas del plan de ajuste, ha dejado claro que en este asunto la cuestión es "muy sencilla: o lo tomas o lo dejas".
El segundo punto del orden del día del pleno ha sido la ratificación del compromiso del Ayuntamiento con el Ministerio de Administraciones Públicas de cumplir el Plan de Ajuste y garantizar los objetivos de estabilidad y deuda pública contraídos. Un requisito necesario para que el Consistorio de la capital pueda acogerse a la devolución aplazada a diez años de las liquidaciones negativas de las participaciones en los ingresos del Estado de 2008 y 2009. Este punto ha contado con los votos a favor de PP y Mesa de la Ría y en contra del PSOE e IU.
Al respecto, el teniente alcalde de Economía y Hacienda ha subrayado que "se trata de una nueva medida puesta en marcha por el Gobierno para mejorar la situación económica de los ayuntamientos, ya que nos permite ampliar el plazo de estas deudas de 5 a 10 años, pasando de las 60 mensualidades fijadas a 120".
Para el edil, "se trata de una medida económicamente muy ventajosa para el Ayuntamiento, un nuevo balón de oxigeno del Ejecutivo a las entidades locales, que nos va a permitir disponer de más recursos para poder atender todos los servicios públicos municipales".
La ley de Presupuestos del Estado exige para poder realizar las devoluciones en 10 años la aprobación de un plan de ajuste que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, como el Ayuntamiento de Huelva ya lo tiene aprobado, sólo se le requiere este acuerdo plenario.
DEUDA DE LA JUNTA
Por otro lado, Adame ha apuntado que en el pleno ordinario de la próxima semana se elevará una moción para instar a la Junta de Andalucía a pagar los "10 millones de euros" que le adeuda al ente local en concepto de IBI o el impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica, entre otros.
Ante esto, el concejal ha señalado que el Ayuntamiento, tras realizar varias reclamaciones a través de la vía administrativa, se plantea incluso buscar la fórmula para "poder embargar bienes o cuentas" de la administración autonómica por valor de los diez millones de euros.
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