El Defensor del Ciudadano de Málaga, Francisco Gutiérrez, ha criticado que el juzgado no comunicara a la familia del municipio malagueño de Cártama cuyo desahucio estaba previsto para el pasado jueves la suspensión temporal de dicha orden, al no haberse presentado siquiera la comisión judicial. "Ha habido una irregularidad por su parte", ha afirmado, lamentando que "al final al que menos tienen en cuenta siempre es al propio perjudicado; el problema es la falta de sensibilidad".
"Cuando una persona tiene un notificación judicial de un desahucio la tensión nerviosa y la preocupación son máximas porque no sabe qué va a pasar, por lo que al menos hay que cumplir las normas y si se va a aplazar, hay que comunicárselo", ha declarado a Europa Press Gutiérrez, quien ha añadido que en el caso de Francisco Manuel Ramírez, de 46 años, casado y con tres hijos, "tuvo que estar allí permanentemente, con el miedo, por si aparecía la comisión judicial".
Todo ello, sin embargo, "cuando el juzgado ya había suspendido el lanzamiento", posiblemente, ha agregado, debido al "anuncio de que habría un gran número de personas" a las puertas de la casa de Francisco Manuel Ramírez para evitarlo. Ante esto, ha advertido de que se trata de una "irregularidad", ya que "el juzgado tenía que haber comunicado esa suspensión al interesado y no lo hizo".
Independientemente de esto, el Defensor del Ciudadano, quien estuvo el jueves en el núcleo de población de la Estación de Cártama, al igual que el alcalde cartameño, Jorge Gallardo, y la diputada provincial del PP Leonor García-Agua, para expresar su apoyo a la familia, ha considerado "un pequeño triunfo, no un triunfo en su totalidad", el hecho de que "el propio juzgado tuviera que anular el lanzamiento por la cantidad de personas que estábamos concentradas allí".
"Esto no cae en saco roto, hemos conseguido que Francisco y su familia, en lugar de estar en la calle, sigan por ahora en su vivienda", ha resaltado, subrayando, de hecho, que la presión ciudadana ha permitido paralizar una veintena de desahucios en la provincia de Málaga. "Éste es el camino a seguir, no queda otra", ha apostillado.
A juicio de Gutiérrez, "hay que estar con los afectados en la puerta de sus casas y decir que no estamos en absoluto de acuerdo con el hecho de que los bancos tengan miles de viviendas vacías que no utilizan y que a su vez miles de familias estén siendo echadas de sus domicilios".
Como ha dejado claro, el juzgado deberá comunicar ahora una nueva fecha para ejecutar la orden de desahucio de la vivienda de esta familia cartameña, que sería ya la tercera, después de que la primera, prevista para el pasado 8 de junio, se aplazara a este pasado jueves, día en el que, sin embargo, ni siquiera la comisión judicial encargada de ejecutar la orden se presentó en la vivienda de Francisco Manuel Ramírez, situada en la calle Alemania de la Estación de Cártama.
DECLARAR NULA LA ACTUACIÓN
Precisamente, al no haberse presentado la comisión judicial, la Oficina del Defensor del Ciudadano de Málaga consultó la posibilidad de declarar nulo el proceso y que el banco tenga que iniciarlo de nuevo; no obstante, como ha precisado Gutiérrez, "no es posible legalmente". "Ha habido una irregularidad por parte del juzgado, pero eso no implica la anulación de actuaciones", ha explicado.
Ha incidido, de todos modos, en que "tenía que haber habido una comunicación expresa, informando al menos del aplazamiento", al tiempo que ha insistido en que "Francisco sí ha de recibir ahora un edicto en el que pongan día y hora" para ejecutar la nueva orden de desahucio.
Gutiérrez ha anunciado que si vuelve a haber esa orden de lanzamiento, "estaré de nuevo con Francisco" porque "es un caso sangrante ante la negativa total y absoluta del banco a cualquier tipo de acuerdo". Ha confiado en que, finalmente, todas estas actuaciones de presión ciudadana tengan como resultado que "las entidades financieras lleguen a acuerdos con los afectados para evitar las situaciones dramáticas que representan los desahucios".
Más aún, ha opinado que estas actuaciones de apoyo a los afectados no sólo deben ser "un toque de atención" a los bancos, sino también a los responsables políticos para que "se llegue a acuerdos de mediación que permitan a estas personas seguir viviendo en sus casas a cambio de un alquiler que sí puedan asumir".
Francisco Manuel Ramírez, que el pasado jueves recibió el apoyo de unas 200 personas, concentradas a las puertas de la vivienda, en calle Alemania, se quedó en paro en 2009 y ahora trabaja a media jornada como barrendero para el Ayuntamiento de Cártama. Debe unos 8.000 euros de hipoteca, una cantidad que con los intereses se eleva a más de 135.000 euros.
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