María Rengel, la ciudadana onubense que contó a Viva Huelva que tres años después de ser desalojada por Cajasol dos empresas de cobro amenazan con desahuciar a su hermana, puede dar un respiro de alivio. Ella y su hermana.
Las empresas en cuestión, Vion Europa Limited y Lindorff Holding Spain, le reclamaban a la hermana el pago íntegro de 80.000 euros, si no quería que en el plazo de cuatro o cinco meses, iniciaran los trámites de documentación para proceder a su desahucio.
Viva Huelva consultó con Antonio Olaya, letrado delegado en Huelva de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), que tras conocer el caso de María Rengel fue categórico: “Esta mujer y su hermana pueden estar tranquila porque estas empresas no le pueden hacer nada”.
Y no pueden hacerle nada porque hay un Real Decreto que les ampara, concretamente el Real Decreto 8/2011 de 1 julio, que en el artículo 1 del capítulo 1, que se refiere a la situación de los deudores hipotecarios, explica la “inembargabilidad de ingresos mínimos familiares”, y expone: “En el caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Hipotecaria, el precio obtenido por la venta de la vivienda habitual hipotecada sea insuficiente para cubrir el crédito garantizado, en la ejecución forzosa posterior basada en la misma deuda, la cantidad inembargable establecida en el artículo 607.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil se incrementará en un 50 por ciento y además en otro 30 por ciento del salario mínimo interprofesional por cada miembro del núcleo familiar que no disponga de ingresos propios regulares, salario o pensión superiores al salario mínimo interprofesional. A estos efectos, se entiende por núcleo familiar, el cónyuge o pareja de hecho, los ascendientes y descendientes de primer grado que convivan con el ejecutado”.
Y es el caso de la hermana de María, por lo que Olaya, tras reunirse con ella, le comunicó que “puede estar tranquila”. María, “muy satisfecha por esta información” dice que “seguiré peleando para ayudar a más gente en mi misma situación a la que hayan asustado como han hecho conmigo”.
Olaya: “Estas empresas tienen prácticas que rozan el delito”
“Te amenazan por teléfono, molestan a los vecinos y a familiares, llaman a horas intempestivas... Estas empresas tienen prácticas que rozan el delito”, valoró Antonio Olaya, quien explicó que agencias de cobro como las que han amenazado a María y a su hermana “se dedican a eso”.
Estas empresas pagan a los bancos el 5% de las deudas que las entidades “dan como incobrables, y todo lo que saquen por encima de ese 5% lo tienen de beneficio”. Olaya advierte a posibles afectados que “no paguen nada sin informarse antes”, ya que, como en el caso de María Rengel, “se aprovechan de la ignorancia de la gente en estos temas y las asustan para sacarles todo el dinero que puedan”. “Son perros de presa, armas mortales de destrucción”, apostilla el letrado.
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