La consejera andaluza de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, ha señalado que la propuesta del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para reformar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia hace peligrar 7.000 puestos de trabajo de la atención a domicilio en Andalucía y ha lamentado que dicho modelo incrementa la aportación de los usuarios y pretende "institucionalizarles", alejándolos de su entorno domiciliario.
En declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en el Consejo Territorial del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que se desarrolla este martes en Madrid, Montero ha denunciado que el "empecinamiento" del Ejecutivo en reducir el gasto público, genera "menos posibilidad de crecimiento futuro" y ha advertido que "rozar la barrera de reducir esas políticas puede suponer una agravamiento de la crisis".
Concretamente, la consejera andaluza ha denunciado tres aspectos; en primer lugar, la pérdida de esos 7.000 empleos en ayuda a domicilio solo en Andalucía y, en segundo, la "institucionalización de las personas dependientes" al "penalizar la atención en el domicilio" pese a que, al menos en Andalucía, esto es "lo que responde mejor a las necesidades de los usuarios".
Al contrario, la Junta propone que éste no sea el modelo predominante sino que cada comunidad pueda adaptar la propuesta de atención de los diferentes grados y niveles en función de su realidad sociológica y de las expectativas de los ciudadanos.
SIN PARTICIPACIÓN DE LAS CCAA
Montero ha dicho que el modelo está analizado "sin participación" de las comunidades autónomas, al menos "no con la contribución de Andalucía", y con una perspectiva más propia de las grandes ciudades, particularmente Madrid, ya que "no tiene en cuenta la ruralidad ni que en la mayoría del territorio las familias son soporte y los dependientes prefieren permanecer en el entorno domiciliario que ser internados en una residencia".
Por otro lado, ha denunciado que se pretenda establecer un incremento del copago de los usuarios, ya que a la menor aportación del Gobierno a políticas sociales --la eliminación del nivel acordado supuso a Andalucía perder 70 millones de euros--, se suma ahora un incremento en la aportación de los ciudadanos.
La consejera andaluza admite que es necesario tener en cuenta la actual situación económica para la intensidad y extensión de la ley, pero no ve admisible que a personas que prácticamente están en el umbral de pobreza se les obligue a pagar por servicios de Dependencia ya que, el resultado será que no los soliciten.
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