Las residencias de ancianos de la provincia de Cádiz han estado en los últimos meses en el punto de mira de la Guardia Civil, al mando de una investigación que ha derivado en la denominada ‘Operación Pócima’, por la que esta semana han sido llamados a declarar en las localidades de Jerez, San Fernando y Sanlúcar, seis directores de cuatro residencias de ancianos, a los que se les ha imputado un delito de estafa por adquirir fraudulentamente medicamentos de farmacias usando las tarjetas electrónicas sanitarias de usuarios del centro que habían fallecido.
En concreto, las imputaciones se han realizado a los directores que estaban al frente de las residencias entre 2009 y 2011, La Marquesa de Jerez (2), Vitalia Bahía (2) y Cruz Roja (1), en San Fernando y Nuestra Señora de la Caridad en Sanlúcar (1).
DENUNCIA
Un informe de la Inspección de Farmacia de la delegación provincial de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía puso sobre aviso a la Guardia Civil de que en tres residencias de la provincia de Cádiz se podía estar utilizando la tarjeta sanitaria de ancianos fallecidos. Así, tras comprobar los hechos denunciados, se contrastaron los datos, las fechas y las partidas de defunción, así como los medicamentos y diversos productos sanitarios que se habían adquirido fraudulentamente.
La investigación llevó incluso a los investigadores a personarse en las oficinas de farmacia donde habitualmente los responsables de las residencias de ancianos retiraban los medicamentos para los usuarios del centro, al objeto de comprobar de dónde procedían las irregularidades.
Una vez recabadas las pruebas y contrastados los hechos denunciados por la delegación provincial de Sanidad, la Guardia Civil llamó a declarar a los responsables de las residencias de ancianos de las cuatro residencias bajo sospecha. Los interrogatorios se desarrollaron en la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz a principios de esta semana, si bien al día siguiente de conocerse la noticia se ampliaba la actuación con otro detenido más en San Fernando.
Los seis sospechosos, a los que la Guardia Civil imputa un delito de estafa, han sido puestos a disposición de los juzgados de guardia de las localidades afectadas, aunque este medio ha podido conocer que al cierre de esta edición no habían prestado declaración ante el juez. No obstante, las mismas fuentes señalan que las investigaciones continúan su curso y no se descartan más imputaciones en las próximas horas e incluso que la operación se extienda a otras provincias.
El subdelegado del Gobierno, Javier de la Torre, ha felicitado a la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia de Cádiz exaltando su labor contra el fraude.
COLABORACIÓN
La Guardia Civil no quiso dar a conocer el nombre de las residencias investigadas, aunque en el caso de Sanlúcar, al tratarse de la única residencia existente en la localidad, el punto de mira se ha centrado en el centro Nuestra Señora de La Caridad, gestionado por el Ayuntamiento de Sanlúcar y concertado con la Junta de Andalucía.
Este periódico ha podido confirmar que el responsable del centro fue llamado a declarar por la Guardia Civil para esclarecer los hechos denunciados por la Consejería de Sanidad. A raíz de la imputación del director, el centro ha comenzado a realizar un inventario de las tarjetas y fallecidos en los años objeto de investigación al objeto de contribuir a esclarecer unos hechos de los que se desmarcan. Según las fuentes consultadas, hasta hace un año, cuando fallecía un usuario, el centro hacía entrega a sus familiares de sus pertenencias, entre las que se encontraba la tarjeta sanitaria. Pero este protocolo se cambió a instancias del Distrito de Salud Jerez - Costa Noroeste, que en una reunión acordó, precisamente para evitar este tipo de prácticas, que las tarjetas fueran entregadas por los responsables de las residencias de ancianos en la gestoría de usuario de los centros de salud, para que procedieran a su baja.
POCO DINERO
Las sospechas de la oficina de Inspección de Farmacias de la Consejería de Sanidad de la Junta de Andalucía pusieron sobre la pista a la Guardia Civil, que dirigió sus investigaciones también sobre las oficinas de farmacia que usaban habitualmente estos centros geriátricos para obtener las medicinas de los usuarios. De esta forma pudieron comprobar que el alcance económico de esta supuesta estafa a la Seguridad Social no era elevada, según han podido confirmar diversas fuentes a este periódico. Al parecer, en el caso de las irregularidades detectadas en la residencia de ancianos Nuestra Señora de la Caridad de Sanlúcar, apenas supera los 500 euros. Otras fuentes han apuntado que en el caso del resto de localidades, podría llegar a los 12.000 euros.
Lo que sí llamó la atención de los miembros de Inspección de Farmacias fue la elevada cantidad de medicamentos y de otros productos de prescripción médica que fueron retirados haciendo uso de estas tarjetas sanitarias, conociendo con posterioridad el fallecimiento de sus titulares, lo que dio origen a la denuncia.
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