La lista de compromisarios presentada por el sector renovador de la agrupación socialista de San Roque para votar la nueva dirección provincial del partido está integrada casi exclusivamente por trabajadores de la Administración.
Este hecho pone de relieve un escaso esfuerzo de acercamiento a los problemas reales del municipio, con más de 5.000 parados, y con una escasa independencia en las voces que representarán al sector renovador del PSOE.
A ello hay que sumar un dato significativo, ya que los dos primeros integrantes de dicha lista se vieron beneficiados en abril por un decreto por el cual se les subía el sueldo y se les adscribía al departamento de Alcaldía.
Se trata de Juan Manuel Becerra, que anteriormente trabajaba como técnico informático, y al que se le ha aplicado una subida salarial de 2.378 euros anuales; y Rosa Lorenzo, son un sobresueldo de 2.680 euros al año.
En el número 3 figura Rosa Ocaña, secretaria de Organización del PSOE del casco, conserje de mañana y tarde antes de proclamarse alcalde Ruiz Boix, ahora asignada a Alcaldía, aunque todavía cobra las tardes.En el número 4 figura Ángel Gavino, subdelegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en el Campo de Gibraltar, mientras que en el 5 aparece María José Gavino, hermana del anterior, y trabajadora de Diputación.
Los dos siguientes puestos los ocupan Pedro Noria y María Jesús García Illescas, ambos trabajadores del Ayuntamiento de San Roque, a los que les siguen Mercedes Sánchez y Juan Carlos Ruiz Boix, concejal y alcalde, respectivamente, este último trabajador de Diputación.
Los tres últimos puestos los ocupan Lorenzo Pérez, asesor de Alcaldía para temas urbanísticos; Miguel Cózar, ex asesor de educación jubilado; y Francisco Rodríguez, en paro.Se observa, por tanto, de la lista elaborada por el sector renovador del PSOE de San Roque la ausencia absoluta de trabajadores independientes, ni autónomos, ni empresarios, ni asalariados en empresas privadas.
Por contra, y con la única excepción de un desempleado, que los otros once trabajan en la Administración pública, lo que siembra dudas acerca de la igualdad de oportunidades, siendo, además, nueve de ellos, trabajadores del Ayuntamiento.
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