El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de cuatro años y medio de cárcel para el encargado de vestuario en la base militar de Tablada, en Sevilla, acusado de apoderarse de 55.521 euros procedentes de la venta de material, al rechazar el recurso de casación que había presentado su defensa.
El Supremo entiende que no ha lugar el recurso, presentado por quebrantamiento de forma, infracción de ley e infracción de precepto constitucional contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ya rechazó otro recurso contra la sentencia de la Audiencia de Sevilla.
Según esa sentencia, el acusado, de iniciales A.C.G. y funcionario de la Administración del Estado, estuvo destinado desde 1970 en el negociado de Vestuario del Acuartelamiento de Tablada, donde se encargaba de vender prendas y material.
Entre 1998 y abril del 2005 se apoderó de un total de 55.521 euros procedentes de la venta de dicho material, según los hechos que un jurado popular declaró probados.
Para ello, en unas ocasiones se quedaba directamente con el dinero, en otras manipulaba el sistema contable informático para hacer constar las ventas en metálico como hechas "en cartilla" (que no precisaban la entrega de dinero), y en otros casos reflejaba la entrega de una prenda "sin cargo" (material destinado al propio acuartelamiento).
Otras veces hacía constar en el sistema informático que una prenda se vendía por importe inferior al real y otra falsedad consistía en hacer constar que la ropa vendida y cobrada era devuelta, quedándose con el metálico recibido, según la sentencia.
La condena es inferior a los cinco años y tres meses de cárcel que pidió el fiscal pues tiene en cuenta la excesiva duración de la investigación judicial, que "aunque no permite hablar de retrasos injustificados, se ha prolongado en el tiempo a causa de la elaboración de los sucesivos informes periciales".
El procesado, que trabajaba como personal civil del Ministerio de Defensa desde 1959, llevaba casi en exclusividad el negociado de Vestuario y Alojamiento de Tablada, pese a que la jefatura la ostentaron diferentes suboficiales y otro personal militar.
En su declaración ante el jurado, negó el delito y atribuyó las diferencias al sistema contable utilizado en Tablada, que según afirmó sufría errores en las operaciones y en la cantidad de material depositado.
La condena incluye ocho años y un día de inhabilitación absoluta para cualquier honor, empleo o cargo público.
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