La Junta de Andalucía está barajando ya recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la negativa del Gobierno a pagar a la comunidad 1.504 millones en inversiones no ejecutadas en 2008 y 2009 al considerar que esta decisión "pisotea" el Estatuto de Autonomía, que recoge la disposición adicional tercera.
Antonio Beteta, secretario de Estado de Administraciones Públicas, ha negado en una carta a la Junta que la disposición adicional tercera del Estatuto de Andalucía obligue al pago de esas inversiones que no ejecutó el Estado con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, al que también se lo reclamó la Junta.
Según el Gobierno andaluz, la Intervención General del Estado reconoció esa cantidad, que responde a las inversiones que debe hacer el gobierno de turno en la comunidad en base al peso de la población andaluza (17,8 %).
La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha denunciado hoy en declaraciones a los periodistas que el Gobierno del PP se niega a "reconocer la obligación de pagar", lo que en su opinión supone un gesto "más de que no respeta ni a Andalucía ni a su Estatuto".
"Vuelven a incurrir en un trato discriminatorio a la comunidad en un momento de dificultad en el que reconocemos que la inversión tiene que ser menor, pero queremos lo que nos corresponde", ha esgrimido.
Preguntada por la posibilidad de que la Junta pueda recurrir al Tribunal Constitucional (TC) esta decisión, la consejera ha explicado que cuando "el diálogo no es posible y el Gobierno del PP corta esa vía, lógicamente nos está obligando a recurrir a los instrumentos jurídicos a nuestro alcance".
Sería el tercer recurso al Alto Tribunal que prepara la Junta contra decisiones del Gobierno después de haber anunciado que los decretos sobre racionalización del gasto sanitario y educativo "vulneran" la Constitución y las competencias autonómicas.
Susana Díaz ha sostenido que "sorprende" que el Gobierno se niegue a reconocer lo que es un derecho de la comunidad y que esta postura refleja la "voluntad de no querer cumplir ni respetar" el Estatuto de Autonomía con un trato "injusto y discriminatorio".
Pese a la decisión del Gobierno central, la consejera ha negado que la Junta vaya a aplicar más recortes de los que ya contempla el plan de ajuste, del que ha dicho que ha sido "doloroso" para el Ejecutivo andaluz por las reducciones salariales.
"Sigue llamando la atención que el Gobierno de la nación continúe gobernando contra Andalucía. Lo que pedimos es lo que nos corresponde y refleja el Estatuto", ha apostillado Díaz.
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