No hay marcha atrás. 390 trabajadores del Ayuntamiento de Jerez y del grupo de empresas municipales empezarán a recibir sus cartas de despidos el próximo mes de agosto. La Junta de Gobierno local aprobó el pasado viernes iniciar el expediente de despido colectivo en el Consistorio jerezano. Teniendo en cuenta que la próxima semana se abrirá el periodo de negociaciones y que la empresa Deloitte Abogados , S.L, a la que el Gobierno local ha encomendado la elaboración del ERE, presentará la memoria económica que justifica esta medida, los criterios y el listado de los trabajadores incluidos en el expediente, es más que probable que los afectados no tengan que esperar hasta las vacaciones para saber si pasan a engrosar las listas del paro. El anuncio de la alcaldesa el pasado viernes oficializaba los peores presagios del comité de empresa, puesto que, como ya adelantó este medio, aunque se temían que de un momento a otro el Ayuntamiento trasladase toda la documentación del ERE a la Junta de Andalucía, aún tenían un hilo de esperanza en que Pelayo diese marcha atrás “como ha hecho con otros temas” o demorase la tramitación. A partir de ahí, como apunta la presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo, tanto la plantilla como los sindicatos están “desanimados” por el cariz que han adquirido los acontecimientos y, sobre todo, por las prisas que aseguran que tiene el Gobierno local por cumplir su objetivo de culminar este proceso durante los meses de verano.
A partir de ahora, como explicó la regidora popular, que estaba arropada por su delegado de Personal, Javier Durá, la mesa de negociación compuesta por Deloitte, el gabinete jurídico del Ayuntamiento y los representantes sindicales de la plantilla municipal tendrán que sentarse a negociar a partir de la semana que viene y se abrirá un periodo de consulta de 30 días naturales. “Es la empresa la que negociará el listado de los trabajadores y los criterios de forma totalmente objetiva, el Gobierno municipal ni siquiera participará en la mesa de negociación”, indicó la regidora popular, que avisó que “todo --inclusive el tema de las prejubilaciones- se puede negociar menos el número de despidos”.
De igual manera, como viene insistiendo en su discurso desde que aquel Viernes de Dolores anunciara por primera vez que se aplicaría un ERE, dijo que que se trata de una decisión “difícil pero absolutamente necesaria ya que no hay otra alternativa debido a la situación económica del Ayuntamiento”. En este sentido, dejó claro que el ERE es una medida que hay que cumplir, “incluida en el Plan de Ajuste que presentamos a la Junta y al Ministerio de Hacienda, todas las medidas incorporadas son necesarias para hacer posible el calendario de pagos tanto a la plantilla municipal como a las concesionarias y nos permitirá igualmente pagar la deuda atrasada que mantenemos con las organizaciones sociales”.
Unas explicaciones que siguen sin convencer a la plantilla, que califica de “hachazo” el anuncio y ya avisa de que “tenemos muchas cosas que decir en la mesa y en los juzgados cuando impugnemos el ERE”, una postura que han mantenido desde el primer momento, tras conocer las intenciones del Gobierno municipal con la plantilla para realizar el Plan de Ajuste exigido por el Ministerio de Hacienda y acogerse así a los fondos ICO.
“La semana que viene conoceremos en qué se han basado para decidir, los criterios y el listado de trabajadores que ya están elegidos por Deloitte y por el Ayuntamiento. En teoría ningún sindicato va a cambiar un nombre por otro, sino que vamos a seguir diciendo no al ERE y ni vamos a poner criterios ni nombres de personas”, subraya Calvillo.No hay que olvidar que la semana que acaba de finalizar ha sido especialmente difícil para los representantes sindicales después de que el Gobierno municipal les trasladara una propuesta de convenio colectivo que en la práctica supone el fin de aquellos pluses y gratificaciones no afectos directamente a los puestos de trabajo. Esta medida, unida al desarrollo de la RPT, permitirá un ahorro anual de 10 millones de euros, excluyendo a las empresas municipales. .
Ello constituye de algún modo una garantía para los trabajadores de que esos pluses no serán ya objeto de negociación, toda vez que se consolidan en la RPT. Se incluyen en esa relación los pluses de pantalla, de peligrosidad, de conducción de vehículos, de comandancia, de radiopatrulla, de conducción de motocicletas, entre otros. Desaparecen, por el contrario, los pluses que hasta ahora se han ofrecido de manera lineal, sin seguir criterios objetivos y sin tener en cuenta el rango salarial de los trabajadores. Entre ellos se encuentran los pluses de marzo, junio, septiembre y diciembre, el plus de transporte o los premios por asistencia, entre otros.
“La gente puede reaccionar cuando se vea en la lista”
El carácter combativo que ha mostrado la plantilla desde el pasado año por los impagos de las nóminas contrasta con la “tranquilidad” que se ha detectado desde que el Ayuntamiento hiciera pública su decisión de aplicar un ERE para 390 trabajadores. A partir de ahí, exceptuando una concentración ese mismo día a las puertas del Ayuntamiento en el que se reivindicó la unidad sindical, un encierro de CGT y varias concentraciones para parar algunos departamentos sindicales, la actitud de los trabajadores municipales ha registrado un cambio considerable pese a las curvas que se avecinaban. La propia presidenta del comité de empresa, Nieves Calvillo, no entiende cómo la plantilla “no ha respondido y no ha planteado esa combatividad” ante las convocatorias contra el ERE pero “sí está bastante cabreada por el tema de la RPT”. Unas circunstancias que, como explica, no implican que no vaya a haber movilizaciones. “Hay que tener en cuenta que la gente tampoco ha querido señalarse para no entrar en la lista, igual ahora que saben que están u otros compañeros que no estén en peligro quieren mostrar su solidaridad por los que entren, sí reaccionan”. En cualquier caso, desde CGT anuncian un “incremento” en las movilizaciones coincidiendo con el periodo de las negociaciones. Calvillo tampoco se olvida del futuro que aguarda a los mayores de 61 años -unos 200 trabajadores según Pelayo- que se incluyan en el expediente, sobre todo partiendo de la base de que la Unión Europea está planteando restricciones a las prejulaciones y un retraso en la edad de la jubilación.
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