La consejera andaluza de Salud, María Jesús Montero, ha anunciado hoy que la Junta de Andalucía ha implementado un sistema para que los pensionistas no paguen más del tope mensual de 8, 18 ó 60 euros que impone el decreto del Gobierno central que entrará en vigor el 1 de julio.
Montero ha descalificado en rueda de prensa este decreto que, en su opinión, "supone el desmantelamiento progresivo del Sistema Nacional de Salud", "estimula el aseguramiento privado" e impone "por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud" un copago farmacéutico "que la Junta de Andalucía asume por imperativo legal".
Por ello, su departamento ha implementado un sistema para que a partir del 1 de julio los pensionistas andaluces no tengan que pagar por sus medicamentos más del tope mensual establecido.
El decreto del Gobierno central estipula que los pensionistas deberán de abonar entre el 10 y el 60 por ciento del coste de los fármacos que se les prescriban en función de su renta, y cuando aporten más del tope establecido esta cantidad les será devuelta en un plazo de entre tres y seis meses.
Montero ha señalado que en Andalucía, el algo más de un millón de pensionistas cuya renta no supera los 18.000 euros -el 85 por ciento de todo este colectivo- no pagará nada más por sus medicamentos cuando alcancen el tope mensual de 8 euros.
En el caso de pensionistas con rentas superiores a 18.000 euros, el tope de gasto farmacéutico mensual se eleva a 18 euros, y a 60 euros en aquellos con rentas superiores a los 100.000 euros, de los que en Andalucía sólo se ha identificado a 4.000 personas.
"A los pensionistas con menor renta vamos a cobrarles el diez por ciento del medicamento, porque nos obliga la ley, pero cuando lleguen al tope de los ocho euros no tendrán que seguir pagando durante ese mes más por los medicamentos", ha explicado Montero.
La consejera andaluza de Salud ha destacado que esta medida es posible gracias a que el sistema sanitario andaluz ha desarrollado desde hace una década la receta electrónica que identifica digitalmente cada medicamento prescrito a un paciente e informa al farmacéutico del producto que tiene que prescribir y de la aportación que debe de cobrar al paciente.
A este sistema informático, denominado Diraya, se le han añadido ahora los datos sobre la renta de los andaluces, lo que permite aplicar en cada momento a su consumo farmacéutico el tope mensual que tienen que desembolsar.
"Nosotros teníamos hechos los deberes", ha subrayado Montero, quien ha advertido de que la medida impuesta por el Gobierno central no sólo propiciará que muchos pensionistas descuiden sus tratamientos farmacológicos sino que, además, obligará a las comunidades autónomas a crear un dispositivo administrativo para controlar y gestionar las devoluciones a los pensionistas.
En el caso de Andalucía, este dispositivo hubiera supuesto contratar a unos 30 administrativos con un coste anual de unos 800.000 euros.
"No sólo vamos a garantizar que una persona que tiene dificultades de recursos económicos no deje de tomar sus medicamentos, sino que también eliminamos muchísimas trabas administrativas", ha señalado la consejera.
Montero ha denunciado que muchos pensionistas polimedicamentados no podrán sumir el pago del 10 por ciento de su consumo farmacéutico y ha calificado el decreto del Gobierno central de "impuesto sobre la sanidad"
"No compartimos que esta medida tenga que conllevar un mecanismo disuasorio del consumo farmacéutico, si existe un uso no racional del medicamento hay que trabajar con los médicos, no con los ciudadanos", ha espetado.
Ha recordado que la prescripción de un fármaco "es un acto médico" y ha enfatizado que la Junta de Andalucía lleva décadas trabajando con los profesionales para consolidar "un consumo racional" de los medicamentos, iniciativa que ha permitido ahorras cientos de millones de euros
Montero ha descartado que esta iniciativa de la Junta de Andalucía sea bloqueada por el Ministerio de Sanidad en la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud porque, ha subrayado, esta medida "sin duda es una competencia exclusiva de la comunidad autónoma".
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