El nuevo PGOU, el centro comercial ‘Santo Reino’, el tranvía o los ajustes económicos en el Ayuntamiento. Son algunos de los retos que tiene sobre la mesa el equipo de gobierno municipal después de un año más centrado en poner las mimbres para el resto del mandato. Quedan por delante casi 1.100 días que estarán claramente marcados por la difícil situación económica.
El próximo lunes se cumple un año desde que el alcalde, José E. Fernández de Moya, tomara posesión. Doce meses marcados, al igual que en el mandato de PSOE e IU, por los trabajos de gestión con los que poner los cimientos para los grandes proyectos de la ciudad. Pero con una diferencia entre ambos: el deterioro económico es mucho mayor.
El nuevo PGOU se puso en marcha nada más ‘aterrizar’ en la Plaza de Santa María. Se descartó continuar con la aprobación inicial de PSOE e IU y se inició uno nuevo. Un año después se afronta la aprobación provisional antes de que la Junta dé su visto bueno. El objetivo es que a finales de este 2012 se finalice. Un plan en el que se abre la mano al sector privado para compensar el desarrollo urbanístico y se reduce el crecimiento de viviendas, con una regularización de la zona de Los Puentes que no ha terminado de convencer a los vecinos.
Otro de los grandes retos tras este año es la puesta en marcha del tranvía de la ciudad. Doce meses en los que se ha convertido en el caballo de batalla entre el Ayuntamiento y la Junta. Primero las dificultades económicas para su explotación y luego las deficiencias técnicas han dejado abandonadas unas instalaciones con una inversión de más de 100 millones. Después de numerosas polémicas, el equipo de gobierno ha iniciado los trámites para la reanudación de las pruebas y el estudio de la explotación por Ferrocarriles de Cataluña. Su reinicio debe estar en la agenda de los responsables municipales.
Las grandes inversiones
Las gestiones urbanísticas que se han llevado a cabo en el último año en torno al futuro centro comercial y de ocio ‘Santo Reino’ deben dar sus frutos en los próximos tres años. Las modificaciones urbanísticas ya se han concluido, a la espera del ‘sí’ definitivo de la Junta para iniciar la urbanización. El objetivo municipal es que en el último tramo del mandato pueda inaugurarse. Junto a esta gran inversión se suman la puesta en marcha de otras como los centros deportivos y de ocio en los antiguos terrenos de La Victoria y en lo que iba a ser el parque acuático, para lo que se han iniciado los pasos administrativos.
Al margen de estos grandes proyectos, el Ayuntamiento deberá poner en marcha los proyectos del Plan Urban -la fundamental será la ampliación de La Alameda-, que representan las escasas inversiones incluidas en el presupuesto para este año 2012.
La micropolítica era otro de los pilares para este mandato del equipo de gobierno y, por ahora, no ha obtenido gran resultado. Han surgido quejas de los empresarios hoteleros por la imagen de la ciudad o de los ubicados en el Parque Empresarial por la falta de servicios. A ello se une la limpieza, contra la que se está librando una ‘batalla’ con varias campañas concienciadoras.
La situación económica, clave para estos 3 años
Al igual que ha sido clave en este primer año de mandato municipal, la situación económica marcará el devenir de la gestión municipal en los tres próximos. El pago a proveedores y el consiguiente plan de recortes del gasto será la hoja de ruta para tres años en los que el cinturón del gasto público estará aún más ajustado.
El equipo de gobierno ha vivido durante este tiempo las dificultades económicas del Ayuntamiento. El pago de las nóminas, las dos huelgas del servicio de ayuda a domicilio o los continuos cortes de suministro de luz por la deuda con Sevillana Endesa han demostrado la “quiebra técnica” en la que se encuentran las arcas municipales, tal y como ha reconocido en varias ocasiones el alcalde, José E. Fernández de Moya.
Pero lo más difícil viene ahora. Tras haber logrado pagar algo más de 200 millones de euros a proveedores a través de un crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), llegarán los duros ajustes del plan exigido por el Gobierno central. No sólo se subirá el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sino que se reducirá de forma importante el gasto, especialmente en personal. No en vano, las restricciones deberán ser significativas pues se ha de afrontar el pago durante los dos primeros años de hasta 15 millones de euros sólo de intereses, para iniciar la amortización de la cantidad en el último año de mandato.
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