La trama desarticulada en Cádiz y que habría conseguido, a través de empresas falsas, que más de 200 personas lograran subsidios de desempleo fraudulentamente, ha abierto la "caja de pandora" para la lucha contra esta estafa, gracias a una operación que ha dado muchas claves para agilizar su persecución.
Así lo ha considerado hoy en rueda de prensa el comandante jefe de la Policía Judicial, Luis Martín, responsable de la "Operación Picones", que ha llevado a la detención de 91 personas y a la imputación de otras 213 dentro de una trama que ha destapado seis empresas "fantasma" que hacían contratos falsos para que sus beneficiarios obtuvieran subsidios de desempleo u otros tipo de ayudas sociales.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torres, ha enmarcado esta operación dentro de los Planes de Lucha contra el Fraude que el Gobierno aprobó el pasado mes de abril.
Pero las investigaciones que dieron pie a ellas se iniciaron un año antes, en abril del pasado año, cuando la Guardia Civil de Arcos de la Frontera (Cádiz) recibió varias denuncias de personas muy humildes y que se estaban enfrentando a embargos porque figuraban como administradores de empresas de las que, decían, no habían oído hablar.
Tirando de este hilo, los agentes descubrieron que las empresas no tenían ninguna actividad o no existían y que, sin embargo, habían tramitado contratos laborales para muchos supuestos trabajadores.
Era el caso de un supuesto bar de una pequeña localidad de la Sierra de Cádiz, que había contratado a 35 personas.
Los agentes descubrieron entonces que las personas que figuraban como administradores eran "hombres de paja" de una trama de fraude a la Seguridad Social que se había aprovechado de sus condiciones o debilidades para hacer que firmaran documentos, en ocasiones a cambio de una simple botella de alcohol.
En la cúspide de la trama estaban tres hombres, dos hermanos y un primo, que residían en Jerez de la Frontera y en Ubrique, con antecedentes penales por estafas similares y cuyo apellido, Picones, ha servido para bautizar esta operación.
Los dos hermanos eran los cabecillas, y el primo hacía las veces de "comercial" de la trama para, entre otras cosas, cobrar a las personas que acudían a la red para conseguir un contrato de trabajo y poder así completar su cotización a la Seguridad Social para obtener un subsidio de desempleo o una ayuda social.
La red abastecía así de contratos falsos a todo tipo de personas, entre ellas presos que necesitaban un contrato para acceder a un tercer grado penitenciario o extranjeros que querían justificar arraigo en España, pero sobre todo quienes, sin tener derecho a ello, querían disfrutar del subsidio de desempleo.
La Guardia Civil, bajo la coordinación de un juzgado de Jerez de la Frontera, mantiene la operación abierta, aunque considerada cerrado el capítulo de detenciones, imputaciones y puesta a disposición judicial de todos los implicados por delitos de falsedad documental, estafa y fraude a la Seguridad Social, unos delitos que en el caso de los cabecillas se completarán con el de banda organizada.
Aunque fuentes de la Guardia Civil han apuntado que el fraude podría alcanzar los cinco millones de euros, el subdelegado del Gobierno en Cádiz ha señalado que aún queda "mucho trabajo por hacer" para cuantificar el daño.
La Administración ya ha anulado a las seis empresas fantasmas, una de ellas el bar y otras cinco de la construcción, y ya ha puesto en marcha los mecanismos necesarios para anular las altas de 261 trabajadores y además de poner en caso en manos de la justicia penal llevará adelante las pesquisas para establecer las infracciones administrativas en que hayan podido incurrir los detenidos e imputados.
Tanto el comandante de la Guardia Civil como el subdelegado del Gobierno en Cádiz, como Miguel López Aranda, director de la Tesorería General del Estado en Cádiz y Josefina Galindo, jefa de la Inspección de Trabajo han coincidido en señalar que esta operación debe servir para advertir a los defraudadores que el Estado va a poner "todo el acento" en la lucha contra ellos.
Estas investigaciones permitirán también, según han dicho, mejorar la eficacia y los mecanismos de control del grupo que la Inspección de Trabajo ha puesto en marcha para luchar contra este tipo de fraudes, mejorar los protocolos de coordinación de información e incluso configurar "un mapa de riesgo de empresas ficticias".
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